La central obrera se reúne para fijar su próxima medida de fuerza
NewsITe
La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a ocupar el centro de la escena política este viernes a las 11, cuando su Consejo Directivo se reúna en la sede histórica de la calle Azopardo para definir el rumbo del plan de lucha frente al inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación.
Con un clima de fuerte tensión y presiones cruzadas, la conducción de la central obrera deberá resolver si avanza hacia un paro nacional o si apuesta por una gran movilización el mismo día en que la Cámara Alta debata el proyecto impulsado por el oficialismo. La decisión podría marcar el tono del vínculo entre el Gobierno y el movimiento obrero durante los próximos meses.
Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes sindicales, el debate interno expone dos estrategias claramente diferenciadas. El sector conocido como “dialoguista” o de los “Gordos” e “Independientes”, encabezado por Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA), privilegió en las últimas semanas el trabajo político con gobernadores y senadores nacionales, con el objetivo de conseguir cambios técnicos en la letra fina de la reforma para limitar su impacto sobre los derechos colectivos.
En la otra vereda se ubica el ala más combativa, referenciada en Pablo Moyano y acompañada por gremios del transporte y por las dos vertientes de la CTA, que reclama un paro general inmediato y medidas más duras contra la avanzada oficial. Para este sector, la negociación parlamentaria ya no alcanza ante lo que consideran un intento de retroceso histórico en conquistas laborales como la estabilidad del empleo, las indemnizaciones y la negociación colectiva.
Una historia de resistencia frente a las reformas laborales
La posibilidad de convocar a un paro durante el debate legislativo se inscribe en una larga tradición de resistencia sindical a los procesos de flexibilización laboral en la Argentina. La memoria gremial remite a episodios clave de las últimas décadas, donde la movilización callejera y las huelgas generales funcionaron como límite a reformas de alto impacto social.
En el año 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la llamada “Ley Banelco” quedó marcada por el escándalo de presuntos sobornos en el Senado y por una fuerte respuesta sindical, con la CGT disidente —con fuerte peso del sector transporte— como protagonista central de los paros que erosionaron la legitimidad del Ejecutivo.
Más cerca en el tiempo, en diciembre de 2017, el intento del gobierno de Mauricio Macri de avanzar con una reforma laboral luego de la aprobación de la reforma previsional derivó en jornadas de alta conflictividad social frente al Congreso y en nuevas huelgas generales. La presión en las calles y la falta de consenso político terminaron por archivar aquel proyecto.
El cálculo político detrás de la decisión
El antecedente más reciente es el paro general de enero de 2024, convocado por la CGT a apenas 45 días de la asunción del nuevo gobierno, una señal de la capacidad de movilización y de la voluntad de confrontación de la central obrera. Ahora, el desafío es calibrar el momento y la intensidad del conflicto en función de las chances que tenga la oposición de bloquear o moderar la reforma en el Senado.
En el análisis de la cúpula cegetista pesan especialmente las posiciones de los bloques provinciales y el grado de alineamiento de los gobernadores peronistas, que hasta ahora no han mostrado una postura homogénea. Esa falta de certezas alimenta las dudas sobre el margen real de negociación y sobre la conveniencia de escalar el conflicto con un paro total.
- Un sector apuesta a profundizar el diálogo político y concentrar la presión en el Congreso.
- Otro exige un cese de actividades inmediato y presencia masiva en las calles.
La definición que adopte el Consejo Directivo será leída como un mensaje no solo al Gobierno, sino también a la oposición y a los gobernadores, y determinará si la CGT mantiene un rol de interlocutor institucional o se coloca como eje de la resistencia social frente a las reformas estructurales.
Mientras el oficialismo busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral, la central obrera se prepara para una decisión que puede reconfigurar el mapa del poder sindical y político en la Argentina en las próximas semanas.
