La CATT salió en defensa de los metrodelegados porteños
NewsITe
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) expresó su respaldo político y gremial a los metrodelegados del subte, luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsara una causa penal contra dirigentes y empleados del sector por las medidas de fuerza realizadas durante 2024 y 2025.
Según informaron fuentes sindicales, la denuncia fue presentada por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) y se tramita en la Fiscalía PCyF N.º 35. A los trabajadores se los imputa por el delito de asociación ilícita, figura que las organizaciones gremiales consideran “desproporcionada” y orientada a disciplinar la protesta en el transporte público.
En un comunicado firmado por su secretario general, Juan Carlos Schmid, y por el secretario gremial, Juan Pablo Brey, la CATT sostuvo que el avance de acciones judiciales contra los trabajadores del subte “constituye un grave precedente en el camino de la criminalización de la protesta social” y alertó sobre el impacto que esto podría tener en el resto del movimiento obrero organizado.
Apoyo a Segovia y cuestionamientos a la causa penal
La entidad que agrupa a los sindicatos del transporte manifestó su “total solidaridad” con Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegados), y con todos los trabajadores y trabajadoras del sector, a quienes considera injustamente perseguidos por ejercer sus derechos sindicales.
Para la CATT, lo que se presenta como una causa penal no es más que “un mecanismo de persecución” contra quienes impulsaron paros y medidas de fuerza vinculadas con reclamos salariales, condiciones de trabajo y seguridad en el servicio. Desde la organización remarcan que esas acciones gremiales se enmarcan en derechos reconocidos por la Constitución Nacional, como la libertad sindical, el derecho de huelga y la organización colectiva.
En ese contexto, la Confederación advirtió con “profunda preocupación” sobre la utilización del sistema judicial para intentar limitar la capacidad de protesta del movimiento obrero. Los dirigentes sostienen que no se trata de un hecho aislado, sino de un proceso más amplio de intento de disciplinamiento y debilitamiento de la representación sindical en distintos sectores de la economía.
Alerta sindical y defensa de la protesta como herramienta democrática
El documento de la CATT subraya que la defensa de los derechos laborales “no puede ser considerada un delito” y reivindica la protesta como “herramienta legítima del movimiento obrero” y como uno de los pilares de la vida democrática argentina. En esa línea, la entidad se comprometió a acompañar el estado de alerta y movilización dispuesto por la AGTSyP frente al avance de la causa penal.
La Confederación también llamó a construir una estrategia unificada junto a otras organizaciones gremiales para resistir lo que describen como un “ataque sistemático” contra los trabajadores organizados. El objetivo, señalaron, es garantizar que cualquier discusión sobre el funcionamiento del servicio de subte, su seguridad y las condiciones laborales se dé en el ámbito del diálogo social y la negociación colectiva, y no en los tribunales penales.
“La defensa de los derechos laborales no puede ser considerada un delito. La protesta es una herramienta legítima del movimiento obrero y un pilar fundamental de la vida democrática”, enfatizó la CATT en su comunicado.
Mientras se aguarda la evolución de la investigación judicial, los gremios del transporte ratificaron su voluntad de seguir reclamando mejoras laborales y condiciones seguras para trabajadores y usuarios del subte, al tiempo que reiteraron su rechazo a cualquier intento de criminalizar la actividad sindical.
