El presidente del Colegio de Martilleros del Departamento Judicial San Nicolás considera que la Ley 27.551, vigente desde el 30 de junio de 2020, es perjudicial no sólo para inquilinos sino también para propietarios. Y pide por un acuerdo legislativo para avanzar con una nueva normativa que vuelva a ordenar el mercado. “Se ha caído brutalmente la oferta. Hoy no hay inmuebles para alquilar porque no es rentable para el propietario. Esas viviendas que antes se alquilaban hoy se ponen a la venta”, asegura José Cremona.
De la redacción de EL NORTE
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“Yo estoy convencido que más que modificar, habría que derogar la Ley de Alquileres”. Así, tajante, se expresó el presidente del Colegio de Martilleros del Departamento Judicial San Nicolás. En diálogo con periodistas del programa «Pila & Media» (Radio U), José Cremona aseguró que la actual Ley de Alquileres “está perjudicando tanto a inquilinos como a propietarios porque ha desvirtuado todo el mercado. A punto tal que se ha caído brutalmente la oferta. Hoy no hay inmuebles para alquilar porque no es rentable para el propietario. Y esos inmuebles que antes se alquilaban hoy se ponen a la venta”.
En efecto, los corredores inmobiliarios coinciden que, en estos 2 años la norma destruyó el mercado puesto que generó una retracción de la oferta de inmuebles y un anticipo de mayores costos por parte de los propietarios. “Si salís a la calle te vas a cansar de ver carteles de venta de propiedades”, añadió Cremona.
“Esta Ley no está funcionando, y los que deben ocuparse en corregirla no lo están haciendo”.
JOSE CREMONA
“Yo espero que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo para generar una nueva norma que vuelva a ordenar el mercado de alquileres. A los veinte Colegios de Martilleros que hay en la provincia nos han consultado sobre el tema, y los máximos directivos están permanentemente caminando los pasillos de la Cámara de Diputados en busca de avanzar en el tratamiento de una Ley que genere mejores condiciones para inquilinos y propietarios. Hoy ser inquilino es un problema enorme. Sólo basta detenerse en datos concretos: los contratos que actualizan en enero van a sufrir un incremento del 80 por ciento. Y todavía más para los que renuevan”, explicó Cremona.
Antes de la vigencia de esta norma no estaba establecida la manera de actualizar el monto del alquiler. La ley vigente introdujo una novedad: “Los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”, que es un índice salarial. Desde entonces, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica todos los días dicha fórmula, llamada Índice de Contratos de Locación (ICL). El problema es que la [descontrolada] inflación le gana a la actualización salarial. Y, al mismo tiempo, erosiona el margen de rentabilidad, con lo cual ambas partes pierden. “Antes era conveniente invertir en propiedades, en cambio hoy el propietario busca desprenderse del inmueble”, apuntó Cremona.
Más ventas
Este escenario ha generado un mayor dinamismo en el mercado de compra-venta de inmuebles. De hecho, el presidente del Colegio de Martilleros de San Nicolás afirmó que “hoy estamos teniendo mucha más consultas, y se concretan más operaciones. También porque el precio de las propiedades ha bajado”, señaló Cremona. En efecto, las valuaciones actuales medidas en dólares se asemejan con las de 2015 y acumulan una reducción que supera el 35% en los últimos 4 años.
Por qué modificar la Ley
Entre especialistas, corredores inmobiliarios y los propios legisladores nacionales -muchos de los cuales votaron a favor de la norma en vigor- hay consenso respecto de que la Ley de Alquileres debe ser reformada para modificar algunas regulaciones consideradas perniciosas para el mercado, tales como el plazo mínimo de los contratos (para bajarlo de 3 años a 2) y el método de actualización (dejar de lado el ICL y dejar que las partes lo decidan libremente, o bien que haya índice alternativos al ICL).
Sostienen que la ley provocó consecuencias en un sentido opuesto al de su propósito, puesto que achicó la oferta de inmuebles en alquiler y, por ende, dificulta el acceso a la vivienda de los inquilinos, además de obligarlos a pagar aumentos que, sin el ICL, podrían haber sido menores.
