Jefes comunales protestan por el ajuste en alimentos escolares
NewsITe
Un nutrido grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires se presentó en el Ministerio de Capital Humano para reclamar por el desfinanciamiento de los programas alimentarios que asisten, según denuncian, a casi tres millones de niñas, niños y adolescentes en el territorio bonaerense.
La comitiva llegó a la sede de la cartera que conduce Sandra Pettovello y entregó un petitorio formal en el que cuestionan la política del Gobierno nacional hacia el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria). Sostienen que, en un contexto de fuerte suba de precios de los alimentos, aumento del desempleo y caída del poder adquisitivo, los recortes agravan la situación social en las escuelas públicas.
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Desde la administración de Axel Kicillof aseguran que la Casa Rosada “desfinanció intencionadamente” la comida que se brinda en las instituciones educativas. En un comunicado, la Provincia detalló que en los últimos años el Gobierno nacional fue reteniendo una porción creciente de los fondos previstos para asistencia alimentaria, para destinarlos –según acusan– a la especulación financiera.
Los números del reclamo bonaerense
De acuerdo con el documento presentado y los datos oficiales provinciales, en 2024 el Gobierno nacional giró solo el 66% de las partidas necesarias: debía enviar $105.000 millones y transfirió $70.500 millones. Para 2025, las partidas previstas eran de $131.000 millones, pero finalmente se enviaron $77.500 millones, lo que representa alrededor del 59% de lo comprometido.
Para este año, señalan que la intención del Poder Ejecutivo es cubrir únicamente el 46% de lo requerido, en un escenario en el que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 ronda el 300%, según cálculos de los economistas de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Los jefes comunales remarcan que, de esta forma, el Estado nacional se quedaría con el 54% de fondos que deberían destinarse a comida para estudiantes.
Impacto social y advertencias de los intendentes
La Provincia de Buenos Aires destaca que, a través de municipios y consejos escolares en los 135 distritos, sostiene el dispositivo alimentario de mayor alcance del país, que garantiza desayuno, almuerzo, merienda y refuerzos para millones de familias. Los intendentes advierten que la reducción de partidas pone en riesgo esa red de contención.
El intendente de La Matanza y presidente de la FAM, Fernando Espinoza, fue uno de los voceros del reclamo. Según advirtió, con el nivel actual de financiamiento el Gobierno nacional pretende que “de cada 10 chicos que van a las escuelas bonaerenses, solo coman 4”. También afirmó que la Nación mantiene una deuda de $177.000 millones con el programa alimentario escolar, lo que, dijo, configura una situación crítica.
- Giros por debajo de lo presupuestado para SAE y MESA desde 2024.
- Inflación de alimentos cercana al 300% desde diciembre de 2023.
- Más familias recurriendo a la tarjeta de crédito para comprar comida.
- Escuelas como principal sostén alimentario en barrios vulnerables.
“Solo el 16,5% de la población asalariada está libre de privaciones alimentarias; el resto enfrenta algún grado de inseguridad”, señala un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
En el petitorio, los jefes comunales también citaron ese trabajo de la Universidad Católica Argentina, que muestra el deterioro de las condiciones de acceso a los alimentos para la población asalariada. En este marco, insistieron en que la política de recortes en comedores escolares y módulos alimentarios profundiza la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes y reclamaron la restitución plena de los fondos para evitar que la crisis se convierta en una emergencia humanitaria en las aulas bonaerenses.
