El juez marca diferencias en la causa por fentanilo contaminado
NewsITe
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, resolvió que, por el momento, no hay pruebas suficientes para imputar responsabilidad penal al ministro de Salud, Mario Lugones, en la investigación por el fentanilo contaminado que derivó en casi 100 muertes en el país. La causa se centra en el funcionamiento de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., así como en los organismos de control sanitario nacionales.
En su resolución, el magistrado subrayó que las decisiones políticas que partieron del Ministerio de Salud tenían como objetivo impedir el funcionamiento de los laboratorios bajo sospecha y no favorecer su operatoria. Según remarcó, la línea bajada desde la cartera sanitaria apuntaba al cierre de esas plantas y a detener su actividad en el mercado farmacéutico.
“La situación reviste cierta complejidad, pues se advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurrió en el seno de ANMAT/INAME”, señaló Kreplak al describir el contraste entre las órdenes oficiales y lo que terminó sucediendo en los organismos técnicos encargados del control de medicamentos.
Para el juez, si bien Lugones conocía la situación general de los establecimientos investigados, ese conocimiento no se tradujo en acciones que habilitaran o toleraran las irregularidades detectadas. Por el contrario, los elementos recolectados hasta ahora indicarían que su intervención buscó frenar la actividad de los laboratorios cuestionados, algo clave para despegarlo de la eventual responsabilidad penal en esta etapa del expediente.
Procesan a ex titulares de ANMAT e INAME
La definición respecto del ministro se conoció en paralelo con el procesamiento de la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y de la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.
Ambas ex funcionarias fueron consideradas por Kreplak como partícipes necesarias del presunto delito de adulteración de sustancias medicinales, una figura penal de enorme gravedad en el marco de un caso que conmocionó al sistema de salud y dejó un saldo de casi un centenar de víctimas fatales asociadas al consumo de fentanilo contaminado.
- Bisio y Mantecón Fumadó están acusadas de haber tenido un rol clave en los controles fallidos sobre los laboratorios implicados.
- La investigación busca determinar cómo se permitió la producción y circulación de lotes de fentanilo adulterado.
“No hay elementos suficientes para sostener, al menos de momento, que esas decisiones políticas del titular de la cartera hubieran podido favorecer la ocurrencia de los hechos relevantes desde el punto de vista jurídico penal que se investigan en autos”, escribió Kreplak en su resolución, al diferenciar la actuación del Ministerio de la de los organismos de control.
Con esta decisión, la causa traza por ahora una línea divisoria entre la responsabilidad política del Ministerio de Salud y la actuación concreta de ANMAT e INAME. La investigación judicial continuará para determinar en detalle cómo se dio la aparente contradicción entre la directiva ministerial de cerrar los laboratorios y lo que efectivamente ocurrió en los entes reguladores, un punto que será clave para establecer eventuales nuevas imputaciones y el alcance final de las responsabilidades penales.
