Fentanilo contaminado: avanzan peritajes y el caso suma víctimas

Peritajes clave para determinar el impacto total del fentanilo adulterado

Peritajes por el caso de fentanilo contaminado en la Justicia argentina

NewsITe

La causa por el fentanilo contaminado entra en una fase decisiva. En los próximos días, y antes de que concluya la Feria Judicial, los investigadores esperan determinar con precisión el número final de víctimas —tanto fallecidas como sobrevivientes— que habrían recibido dosis del lote adulterado del opioide utilizado en el sistema de salud.

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Fuentes con acceso al expediente señalaron a Noticias Argentinas que se trata de un “trabajo de depuración muy grande” realizado durante el receso judicial. El paso inmediato será el envío de las muestras al Cuerpo Médico Forense, organismo que tendrá a su cargo los peritajes toxicológicos y médicos necesarios para establecer el alcance real del daño provocado.

La pesquisa se centra en la producción, distribución y aplicación de un lote específico de fentanilo —el 31202— destinado al uso sanitario público. De acuerdo con la documentación judicial, la orden de producción de ese lote se emitió el 16 de diciembre de 2024, y desde entonces se habrían registrado una serie de irregularidades en la cadena de fabricación que hoy son eje de la investigación.

Imputaciones y situación procesal de los acusados

En el centro de la causa se encuentra el empresario farmacéutico Ariel García Furfaro, allegado a la familia Kirchner, junto con accionistas y directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Todos ellos se encuentran detenidos y procesados en el marco del expediente que sigue la Justicia federal.

García Furfaro fue considerado por el juez como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por los fallecimientos de 20 personas. Además, se le imputa el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también como coautor, en concurso real, figura que agrava el cuadro acusatorio.

Según la acusación, el empresario habría intervenido junto a 16 integrantes del plantel de ambos laboratorios en decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del opioide, en particular del lote cuestionado. La investigación apunta a determinar el grado de responsabilidad individual de cada uno y si existió un patrón sistemático de fallas o decisiones deliberadas que hayan derivado en la contaminación del producto.

Fallas en el proceso y alertas desoídas

El escrito judicial al que accedió NA describe que las adulteraciones del fármaco se habrían originado en un proceso de fabricación signado por múltiples falencias. Entre ellas se mencionan deficiencias críticas en los controles de calidad, en los protocolos internos y en el resguardo de la trazabilidad del medicamento, aspectos que son centrales en la producción de sustancias de alto riesgo como el fentanilo.

  • Contaminación del lote 31202 durante la etapa de fabricación.
  • Existencia de varias alertas internas que no fueron atendidas oportunamente.
  • Posibles fallas en la supervisión regulatoria y en el control de riesgos.

Las fuentes consultadas remarcan que, de confirmarse estas irregularidades, el caso podría sentar un precedente relevante para la industria farmacéutica argentina en materia de responsabilidad penal empresaria y estándares de seguridad en la producción de opioides y otros medicamentos de uso crítico.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, señala el documento judicial.

Con la reanudación plena de la actividad judicial tras la Feria, se espera que los informes del Cuerpo Médico Forense permitan precisar el impacto del fentanilo contaminado, consolidar el número definitivo de víctimas y dar impulso a nuevas medidas de prueba. El avance de estos peritajes será determinante para la etapa de elevación a juicio y para definir la eventual responsabilidad penal de los imputados.

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