La situación laboral de los trabajadores de seguridad del barrio privado Estrella Federal quedó bajo cuestionamiento luego de que la Delegación Regional San Nicolás-Ramallo de UPSRA denunciara presuntas irregularidades en la contratación y en las tareas que desarrolla el personal dentro del complejo.
La situación laboral de los trabajadores de seguridad del barrio privado Estrella Federal quedó bajo cuestionamiento luego de que la Delegación Regional San Nicolás-Ramallo de UPSRA denunciara presuntas irregularidades en la contratación y en las tareas que desarrolla el personal dentro del complejo.
Desde el gremio señalaron que los trabajadores se encontrarían en una situación de precarización laboral, ya que la gerenciadora del barrio no reconocería a quienes realizan tareas de vigilancia como vigiladores privados, pese a que cumplen funciones relacionadas directamente con la seguridad del predio.
Según la denuncia, algunos empleados permanecerían dentro del barrio y cumplirían extensas jornadas, además de desarrollar tareas que excederían las correspondientes al servicio de seguridad. Entre ellas, desde UPSRA mencionaron trabajos de mantenimiento, corte de pasto, control de accesos y hasta intervención ante situaciones de emergencia.
“Nos dicen que no son vigiladores, que son trabajadores multiuso. Un rato cortan el pasto, otro rato controlan la portería y otro rato apagan un incendio”, cuestionó Roberto Mamoli, titular de la Delegación Regional de UPSRA.
El reclamo gremial plantea una cuestión que va más allá de los derechos laborales: qué tipo de servicio de seguridad puede brindarse cuando los trabajadores destinados a la vigilancia también deben cumplir múltiples tareas dentro del complejo.
La preocupación adquiere especial relevancia porque, paralelamente a estas denuncias, Estrella Federal viene registrando distintos hechos de inseguridad. Robos e intentos de ingreso a viviendas generaron preocupación entre los residentes y volvieron a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de prevención y vigilancia del barrio.
Uno de los episodios más recientes tuvo como víctima al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, cuya vivienda fue asaltada. También se conoció un intento de ingreso a la casa del intendente de Ramallo, Mauro Poletti, quien reside dentro del mismo barrio privado.
El dato resulta particularmente llamativo: el jefe comunal, responsable político de la administración municipal y de buena parte de las políticas de seguridad del distrito, vive en el mismo lugar donde se denuncian problemas en el servicio de vigilancia y donde se sucedieron nuevos episodios delictivos.
La situación abre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de seguridad interno y sobre el control que ejerce la administración del complejo. Si existen trabajadores que denuncian condiciones laborales irregulares y, al mismo tiempo, se multiplican los hechos delictivos, la discusión deja de ser exclusivamente gremial para convertirse también en un problema de seguridad para quienes viven en el barrio.
UPSRA aseguró además que la gerenciadora habría evitado recibir a los representantes sindicales para analizar la situación. Ante la falta de respuestas, el gremio anticipó que recurrirá a las vías administrativas y legales correspondientes ante el Ministerio de Trabajo.
