Buscan vender el 44% de las acciones a través de una licitación pública nacional e internacional. El Estado mantendrá el control mayoritario y habrá un programa de participación accionaria para trabajadores.
El Gobierno confirmó este martes que iniciará el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera y administra las centrales nucleares del país. La medida se formalizará mediante un decreto que se dará a conocer en los próximos días.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el plan contempla la venta del 44% de las acciones en bloque, a través de una licitación pública nacional e internacional. El funcionario recordó que NASA ya estaba incluida en la Ley Bases como una de las compañías sujetas a privatización, aunque bajo un esquema de control estatal.
Participación de los trabajadores
Adorni precisó además que se implementará un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario, destinado a empleados de la firma. Desde la Secretaría de Energía señalaron que esta medida “permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario” y destacaron que se buscará garantizar la continuidad de la operación bajo estándares de seguridad y eficiencia.
El vocero aclaró que el 51% restante quedará en manos del Estado nacional, y vinculó la medida con los lineamientos del plan nuclear argentino, a cargo de Demian Reidel. Según indicó, la incorporación de capital privado busca “lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio”.
Cambio en el financiamiento
Desde la Secretaría de Energía remarcaron que en 2023 NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado por $700 millones (unos USD 2 millones a noviembre de ese año). En 2024, en cambio, no se otorgaron fondos, lo que marca un giro hacia un modelo de financiamiento con mayor participación privada. “Este esquema permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de Atucha I, prevista para 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II)”, detallaron en un comunicado.
Marco político
Adorni enmarcó la decisión en la política general del Gobierno hacia las empresas públicas: “Todas las compañías están sometidas a un proceso de irremediable privatización que llevarán adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher”. Finalmente, aseguró que la medida “representa el fin del Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos”.
