El informe Silencios Digitales, presentado por DataGénero, advierte que la violencia y el acoso en redes sociales están provocando autocensura y alejando a muchas personas de los espacios digitales. El relevamiento incluyó a más de 1400 personas –principalmente a mujeres y personas LGBT de distintas provincias del país– y arrojó cifras contundentes sobre el impacto de la violencia digital.
De la Redacción de EL NORTE
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La violencia en internet y el impacto que tiene en la participación pública en redes sociales quedaron reflejados en el informe Silencios Digitales, una investigación presentada por la organización DataGénero que analiza cómo los ataques, insultos y amenazas online generan autocensura en miles de personas. El estudio reúne datos, análisis y visualizaciones que buscan comprender de qué manera la violencia digital condiciona lo que usuarios y usuarias deciden publicar.
El primer relevamiento nacional “Silencios digitales. Mapeando la violencia digital de género en la Argentina”, elaborado por la organización DataGénero, registró que el 76% de las personas no se siente libre de publicar lo que quiere en redes sociales y un 40% atravesó al menos una situación de violencia digital de género en los últimos dos años, lo que demuestra que la autocensura se convirtió en una estrategia de supervivencia digital.
“En un contexto de creciente digitalización de la vida cotidiana, las violencias que históricamente han afectado a mujeres y personas LGBTI+ no desaparecen: se transforman y se amplifican a través de las tecnologías digitales”, advierte el informe, para señalar que “el hostigamiento constante, la vigilancia, la suplantación de identidad, la difusión no consentida de imágenes íntimas, los discursos de odio y los ataques coordinados en redes son algunas de sus expresiones más frecuentes”.
DEFINICIÓN Y ALCANCE
La violencia digital de género comprende toda conducta dirigida contra mujeres, niñas y personas LGBTI+ en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, que cause daño y sea cometida, facilitada o amplificada a través de tecnologías de la información y la comunicación. Puede manifestarse en espacios públicos o privados, con impactos físicos, psicológicos, económicos o simbólicos. Incluye desde amenazas y hostigamientos hasta la difusión no consentida de imágenes, suplantación de identidad o campañas de desprestigio. Se trata de un fenómeno dinámico y en expansión.
Si bien existen esfuerzos normativos (Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia) y políticas orientadas a la igualdad de género, en Argentina persiste una brecha significativa en la producción de información que permita dimensionar cómo operan estas violencias en entornos digitales y qué impacto tienen en la vida cotidiana de quienes las padecen. La falta de estadísticas desagregadas y actualizadas limita la posibilidad de comprender sus distintas formas y de diseñar respuestas institucionales eficaces.
“La violencia digital de género importa porque amplifica patrones de discriminación preexistentes, se adapta rápidamente a la expansión tecnológica y penetra cada vez más en ámbitos fundamentales de la vida social: la comunicación, el trabajo, la participación pública y la sociabilidad cotidiana. A diferencia de otras formas de violencia, su alcance es masivo, su replicación es inmediata y sus consecuencias pueden multiplicarse en cuestión de segundos, desbordando fronteras geográficas, institucionales y jurídicas. Además, constituye un desafío urgente para la protección de derechos: compromete la integridad psicológica, la privacidad, la libertad de expresión y la autonomía de quienes la padecen; y, en el caso de mujeres y personas LGBTI+, impacta directamente en su participación política, comunitaria y profesional. En un contexto de creciente digitalización de la vida, no atender este fenómeno equivale a dejar un área central de la experiencia humana sin protección”, alertan.
RECLAMOS
Pese a que la problemática es urgente, “con consecuencias reales sobre la vida, la salud y la participación social de quienes la sufren”, expresa el documento, las respuestas que debería brindar el Gobierno son insuficientes, por no decir nulas.
“Las personas reclaman un Estado presente, con capacidad de respuesta: un 62,4% señala la necesidad de leyes, organismos especializados y mecanismos de prevención”, agrega el documento. A su vez, un 65% considera necesarias las campañas de prevención, mientras que un 58,7% subraya la importancia de contar con acceso gratuito a apoyo legal y psicológico para quienes sufren este tipo de violencias.
“No alcanza con ‘cuidarse’, bloquear o dejar de publicar. Se trata de un problema estructural que requiere políticas públicas sostenidas, educación en derechos digitales y plataformas que asuman un rol activo en la prevención, la protección y la reparación del daño”, concluye el informe. “Escuchar lo que dicen quienes viven esta violencia —y traducirlo en acción— es el primer paso para romper los silencios digitales”, sostienen.
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