La oposición mantiene la sesión para intentar rechazar el DNU 70/23
NewsITe
La Cámara de Diputados se encamina a una semana de alta tensión política. Pese al reciente fallo de la Corte Suprema que restituyó de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras, la principal bancada opositora y sus aliados mantienen firme la convocatoria a sesión para el próximo jueves con el objetivo de rechazar el DNU 70/23, el mega decreto desregulatorio del Gobierno nacional.
En el universo opositor reconocen que el fallo del máximo tribunal modificó el escenario, ya que el corazón de la movida parlamentaria era, justamente, la derogación del paquete normativo que habilitó la extranjerización de tierras. Sin embargo, sostienen que el decreto sigue siendo inconstitucional y afirman que darán la pelea en el recinto aunque no tengan garantizado el quórum de 129 diputados.
La estrategia reúne a Unión por la Patria, buena parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y el bloque misionero de Argentina Federal, los mismos espacios que promovieron el pedido de sesión especial. Más allá de la incertidumbre numérica, estos sectores apuntan a ejercer lo que llaman un “principio de revelación”: dejar en evidencia a aquellos legisladores que, al no presentarse, quedarían alineados con la flexibilización de los límites a la propiedad extranjera.
El rol de la Corte y el alivio inesperado para el Gobierno
El fallo de la Corte Suprema, que repuso la vigencia de la Ley de Tierras mediante una cautelar, alteró los incentivos de los bloques dialoguistas, en especial aquellos que suelen acompañar al oficialismo. Dirigentes de esos espacios encontraron en la resolución judicial una salida elegante para desentenderse de una sesión que podría haber puesto en riesgo el andamiaje completo del DNU 70/23.
El decreto, considerado la piedra angular del programa económico libertario, va mucho más allá de la cuestión de la tierra: derogó la Ley de Alquileres, desarmó controles sobre empresas de medicina prepaga y telecomunicaciones, eliminó topes a los punitorios de tarjetas de crédito y dio de baja las leyes de Góndolas, Abastecimiento y Compre Nacional, además de consolidar la política de cielos abiertos para el transporte aéreo.
Con la oposición avanzando en el Congreso, el Gobierno impulsó en paralelo una jugada propia: un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se apresta a dictaminar, en trámite acelerado, un proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, incorpora buena parte de los límites de la Ley de Tierras, pero en un formato más acotado, y forma parte del temario de la sesión especial solicitada por el oficialismo para el 21 de octubre.
Discapacidad, deudas familiares y la “guerra de sesiones”
En paralelo a la disputa por el DNU, en la agenda parlamentaria aparecen dos temas de fuerte impacto social: una ley vinculada a derechos y coberturas para personas con discapacidad y un proyecto orientado a atender el creciente problema del sobreendeudamiento de los hogares. Ambos asuntos, de consenso transversal, fueron incluidos por la oposición en el llamado a sesión para sumar voluntades y presionar a los sectores dialoguistas.
No obstante, el oficialismo contraatacó con su propio pedido de sesión para el mismo 21 de octubre, poniendo en el centro un proyecto referido a la cuestión Malvinas, que podría eclipsar el debate sobre discapacidad y deudas familiares. En este contexto, en el Congreso ya se habla de una inminente “guerra de sesiones”, con llamados cruzados, maniobras de último momento y negociaciones voto a voto.
Fuentes opositoras admiten que hoy “no alcanza la nafta” para el quórum del próximo jueves, pero analizan convocar a una nueva sesión en la misma fecha y casi a la misma hora que la promovida por el oficialismo. La jugada trasladará la presión sobre los bloques de Argentina Federal, Elijo Catamarca e Independencia (Tucumán), que deberán definir a qué recinto se sientan, qué temario habilitan y, en definitiva, qué mensaje político envían en una puja que excede lo legislativo y vuelve a colocar al Congreso en el centro de la escena institucional.
“La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23”, afirmó el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas), sintetizando el clima de confrontación que se respira en la Cámara baja.
