Trump, la agenda electoral y el freno al proyecto de Malvinas
NewsITe
El impulso inicial del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas se desdibujó en la Cámara de Diputados. Tras un arranque acelerado en comisiones, el oficialismo no logró los consensos necesarios para dictaminar en la reunión del 20 de octubre, y la discusión quedó en pausa mientras crecen las sospechas sobre la incidencia de la política exterior de Estados Unidos y el giro en la postura de Donald Trump frente al reclamo argentino.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue reprogramado para el próximo martes a las 16.00. Será la prueba de fuego para saber si La Libertad Avanza cuenta con los votos para avanzar con el dictamen o si la iniciativa quedará atrapada en las tensiones internas y en las señales enviadas desde Washington. De todos modos, en el Congreso pocos imaginan que la Cámara pueda sesionar el miércoles 28 para tratar el texto en el recinto.
El diputado nacional y ex canciller Jorge Taiana (Unión por la Patria) puso el foco en la reacción de Estados Unidos frente a un proyecto que prevé sanciones fuertes a empresas que exploten recursos naturales en Malvinas, afectando intereses económicos del país del norte. A través de la red social X, sostuvo que “el discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Trump” y remarcó que la supuesta neutralidad de Washington sobre la disputa de soberanía se mantiene inalterada pese al alineamiento del presidente Javier Milei.
Un calendario legislativo saturado y con obstáculos
A los factores geopolíticos se suma un problema de tiempos. Noviembre aparece como un mes prácticamente “sold out” en la agenda de Diputados. La visita del Papa León XIV y los feriados dispuestos por ese motivo para los días 9 (nacional), 10 (CABA y Córdoba) y 11 de noviembre (PBA) reducen al mínimo la posibilidad de sumar nuevas sesiones. A esto se agrega que la prioridad excluyente será el tratamiento del Presupuesto 2027, la denominada “ley de leyes”.
El oficialismo proyecta dictaminar el Presupuesto el 28 de octubre y llevarlo al recinto el 18 de noviembre, lo que dejaría un margen muy acotado para reencauzar la discusión por Malvinas. La agenda internacional tampoco ayuda: el 3 de noviembre se realizarán las elecciones de medio término en Estados Unidos y se especula con que una comitiva de diputados de La Libertad Avanza viaje a ese país para seguir la jornada y respaldar a candidatos republicanos.
Disidencias internas y puntos sensibles del proyecto
Además de la influencia externa y de la presión del calendario, el oficialismo enfrenta diferencias con sus aliados respecto de aspectos clave del texto. Esas discrepancias impidieron cerrar un dictamen la semana pasada y amenazan con seguir demorando su aprobación. El eje central del proyecto es el endurecimiento de las penas, que podrían llegar hasta los 20 años de prisión, para quienes exploten o colaboren en la explotación de recursos naturales en Malvinas y sus espacios marítimos e insulares, sin autorización argentina, así como la inhabilitación para operar en el país.
- Reemplazo de la Ley 26.659 y ampliación de las prohibiciones a todo tipo de recursos naturales, renovables y no renovables.
- Creación de un registro público de infractores, con la prohibición de que el Estado y privados contraten con las empresas listadas.
- Incorporación del juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva normativa.
- Formación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado, con participación de Cancillería, Defensa, Economía, inteligencia y otras áreas estratégicas.
- Facultades para disponer medidas urgentes ante amenazas graves, como bloquear fondos, restringir operaciones cambiarias, limitar importaciones y exportaciones y modificar derechos aduaneros de forma temporal.
“Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento ciego de Milei”, advirtió Taiana.
El proyecto también redefine el rol de la Defensa Nacional, habilitando su intervención en seguridad interna frente a amenazas externas estatales o no estatales, y consolida el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con capacidad para inmovilizar bienes y bloquear operaciones económicas. En paralelo, introduce límites a los aportes extranjeros a la política local y tipifica delitos vinculados a la injerencia externa en procesos electorales y campañas de desinformación. El desenlace legislativo del paquete de medidas quedará atado, en las próximas semanas, tanto a las negociaciones internas en el Congreso como al clima internacional.
