Tras tres meses de trabajo y más de 200 páginas de análisis, la comisión investigadora presentó su informe final y señaló responsabilidades políticas del Presidente. Legisladores denunciaron falta de colaboración del Ejecutivo y del Poder Judicial.
La comisión investigadora de Diputados presentó su informe final sobre el caso $LIBRA y concluyó que el presidente Javier Milei brindó una “colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” que derivó en una estafa que afectó a 114.410 billeteras virtuales. El documento, de más de 200 páginas, fue elaborado tras tres meses de trabajo en los que los legisladores enfrentaron trabas y ausencia de los testigos citados.
El informe recomienda que el Congreso evalúe la posibilidad de iniciar un juicio político al Presidente para determinar si existió “mal desempeño” en sus funciones. “Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta Comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, sostiene la primera conclusión del documento.
La comisión aclaró que no tiene facultades para impulsar el juicio político, pero señaló negligencias y ausencia de controles por parte del Poder Ejecutivo. Una integrante del cuerpo afirmó: “Posiblemente no avance pero las conclusiones no pueden estar sujetas a la nueva composición ni a especulaciones”.
Sospechas de vínculo previo y uso de la investidura presidencial
El informe sostiene que Milei publicó un número de contrato que no era de acceso público y que nunca explicó cómo lo obtuvo, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo previo con los promotores del token. “Estamos en condiciones de confirmar que $Libra es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa”, afirmó el diputado Oscar Agost Carreño.
“Sin tuit no había estafa”, agregó la peronista Julia Strada. A eso se sumó Juan Marino, quien advirtió: “Se hizo uso y abuso de la investidura presidencial y se la involucró en una presunta estafa”.
Desde el oficialismo y bloques aliados, el libertario Nicolás Mayoraz calificó la comisión como un “circo montado” y cuestionó a la oposición: “No pudieron disimular desde el primer momento la animosidad que tenían”.
Reclamos por falta de cooperación del Poder Judicial y del Ejecutivo
Los integrantes de la comisión reprocharon que la Justicia no colaboró para garantizar la presencia de testigos. Por ello confirmaron que denunciarán ante el Consejo de la Magistratura al juez Marcelo Martínez de Giorgi y ante la Procuración General al fiscal Eduardo Taiano, ambos por presunto mal desempeño.
También denunciarán por incumplimiento de funcionario público a miembros del Poder Ejecutivo que fueron citados y no asistieron: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el presidente de la UIF, Paul Starc; la responsable de la Unidad de Investigación creada por el Ejecutivo, María Florencia Zicavo; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.
Las principales conclusiones del informe
El reporte incluyó una serie de definiciones centrales:
- Que la promoción de $LIBRA no fue un hecho aislado: en diciembre de 2024 ocurrió una maniobra similar vinculada a la moneda digital KIP Protocol, también difundida por el Presidente.
- Que se confirmaron vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, con movimientos de fondos por US$ 300.000 antes de $KIP y US$ 250.000 antes de $LIBRA.
- Que Milei comprometió la investidura presidencial al promocionar el token con su cuenta oficial verificada.
- Que el Presidente no explicó cómo obtuvo el número de contrato del token, dato que no era público.
- Que sin la promoción del mandatario, el proyecto no habría alcanzado el volumen de compras registrado.
- Que existieron 16 reuniones con actores involucrados, pero solo 4 fueron registradas como audiencias oficiales.
- Que todos los ingresos a Casa Rosada fueron autorizados por la Secretaría General que encabeza Karina Milei, quien “facilitó instalaciones oficiales” para los encuentros.
- Que no hubo una verdadera investigación interna y primó el secretismo en la OA y en la Unidad de Tareas de Investigación, en incumplimiento de sus deberes.
- Que funcionarios del Ejecutivo habrían entorpecido las facultades investigativas de la comisión.
- Que existirían elementos para afirmar que se violó la Ley de Ética en la Función Pública.
- Que no hubo la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal.
La comisión cerró su informe advirtiendo que las presuntas irregularidades requieren una evaluación del Congreso sobre la conducta presidencial y el rol de los funcionarios involucrados.
