De La Sota llevó a la Justicia al ministro de Salud nacional
NewsITe
La diputada nacional cordobesa Natalia De La Sota presentó una denuncia penal ante la Justicia federal contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, a quien acusa de no haber cumplido con un fallo que ordenaba saldar las deudas con prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad.
La presentación recayó en los tribunales federales de Córdoba y se enmarca en una causa colectiva iniciada por beneficiarios de pensiones no contributivas y sus familias, quienes dependen de la cobertura de PAMI y del programa Incluir Salud para acceder a tratamientos, acompañamiento terapéutico y servicios especializados.
De La Sota sostiene que Lugones habría incurrido en los delitos de “desobediencia judicial” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al no ejecutar en tiempo y forma lo resuelto por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, que había ordenado normalizar pagos y prestaciones para todo el colectivo de personas con discapacidad alcanzado por la medida.
El fallo que ordenó regularizar los pagos
El 24 de junio pasado, el juez Vaca Narvaja dictó una resolución en el marco de una cautelar anterior, por la cual intimó tanto al PAMI como al Ministerio de Salud de la Nación a regularizar, en un plazo de 72 horas, los pagos adeudados a instituciones y prestadores del sistema de discapacidad.
Según la causa, el magistrado advirtió que los organismos sólo habían cumplido parcialmente, atendiendo un caso individual pero sin resolver la situación del resto del colectivo protegido por la ley 24.901, que garantiza prestaciones básicas a personas con discapacidad.
PAMI, por su parte, respondió que no mantiene deudas atrasadas en el área y aseguró haber realizado los pagos correspondientes. Sin embargo, distintos prestadores y entidades del sector denunciaron que persisten atrasos de hasta más de cinco meses, lo que pone en riesgo la continuidad de tratamientos y la sostenibilidad económica de los servicios.
Impacto en las personas con discapacidad y sus familias
En el expediente se detalla que el amparo colectivo representa a titulares de pensiones no contributivas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que reciben cobertura a través de Incluir Salud o PAMI. También abarca a madres, padres, tutores, curadores, apoyos y cuidadores, quienes advierten un cuadro de creciente vulnerabilidad.
El fallo remarca que Incluir Salud llegó a acreditar pagos en un caso puntual, correspondientes a los meses de diciembre y enero, demostrando que existían fondos y capacidad operativa para cancelar las deudas. Para el juez, esto evidencia que la falta de cumplimiento generalizado es injustificada y traduce una “desatención del resto de los integrantes del colectivo”.
Organizaciones como Apadim, el Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría presentaron informes que dan cuenta de obligaciones impagas acumuladas durante meses. Desde el sector advierten que esta situación compromete la continuidad de terapias, servicios educativos y residenciales, y genera incertidumbre permanente en las familias.
Cruzada política y armado opositor a Milei
En paralelo a la ofensiva judicial, De La Sota se muestra cada vez más activa en la construcción de un espacio opositor al gobierno de Javier Milei con fuerte impronta federal. En los últimos días mantuvo una reunión con el dirigente porteño del Partido Justicialista Juan Manuel Olmos, en la que analizaron alternativas para enfrentar el modelo libertario.
- Desde el entorno de la diputada señalan que el recorte en programas sociales y de salud golpea con especial dureza a las personas con discapacidad.
- Plantean la necesidad de garantizar el financiamiento sostenido de las prestaciones y el cumplimiento estricto de los fallos judiciales.
“El gobierno de Javier Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad”, advirtió De La Sota al fundamentar su denuncia contra el ministro Lugones.
La causa en Córdoba se suma a otros reclamos judiciales y administrativos en distintas provincias, en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional, los prestadores y las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad.
