Allanan tres puntos de venta de droga en Córdoba
NewsITe
Una investigación de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María derivó en la detención de una abuela, su nieta y un ex policía exonerado, acusados de integrar una organización dedicada a la venta de cocaína en la localidad cordobesa de Villa del Totoral.
El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que concretaron allanamientos en viviendas ubicadas en la calle Deán Funes al 600 y 700, en el barrio La Loma. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, en esos inmuebles funcionaban dos puntos de narcomenudeo, mientras que otro sector era utilizado como depósito de estupefacientes.
Durante los operativos, los investigadores identificaron a la mujer mayor como una reconocida referente del narcomenudeo en la zona. La imputada habría coordinado la actividad ilícita junto a su nieta y a un ex oficial de la fuerza policial, exonerado en 2015, que cumplía tareas de “colaborador” dentro de la estructura criminal.
Allanamientos, secuestros y actuación judicial
Según se detalló, la organización incluso alquilaba una habitación ubicada al frente del inmueble principal para llevar adelante la comercialización de drogas, con el objetivo de dificultar la detección por parte de las fuerzas de seguridad y mantener el flujo constante de consumidores.
- Secuestro de envoltorios de cocaína listos para su venta.
- Dinero en efectivo presuntamente vinculado a la actividad narco.
- Elementos de fraccionamiento y otros indicios de relevancia investigativa.
El hallazgo de parte de la droga y otros elementos se logró con apoyo de perros detectores de narcóticos, que permitieron ubicar escondites dentro de las viviendas allanadas. Todo el material fue embalado y remitido a peritajes.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María dispuso la detención de los tres sospechosos y el secuestro de la totalidad de los elementos vinculados a la causa.
Las dos mujeres y el hombre quedaron a disposición de la Justicia, imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. La normativa prevé penas que van de 4 a 15 años de prisión para quienes se dedican al comercio, distribución, entrega o transporte de drogas ilegales, por lo que la situación procesal de los detenidos podría complicarse a medida que avancen las pericias y se consoliden las pruebas reunidas durante los allanamientos.
