El Gobierno acelera el debate por la responsabilidad penal adolescente
NewsITe
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, respaldó públicamente el inminente tratamiento en el Congreso de la Ley Penal Juvenil y reclamó que el debate legislativo se encare con carácter de urgencia. El funcionario señaló que el actual régimen, vigente desde 1980, quedó desactualizado frente a la realidad social y delictiva que atraviesan hoy los adolescentes en la Argentina.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Cúneo Libarona destacó que la gestión del presidente Javier Milei “pisó el acelerador en materia de legislación penal” y que la actualización del sistema de responsabilidad penal juvenil es una de las reformas centrales en la agenda oficial. Recordó que la normativa actual fija la edad de imputabilidad en 16 años, mientras que a fines de la década del ‘70 era de 14, y subrayó que el contexto social cambió de forma drástica en las últimas décadas.
“El joven de 1980 no es el joven de 2026. Hoy tenemos chicos atravesados por el consumo de drogas, la violencia y múltiples factores de vulnerabilidad. Hemos visto crímenes tremendos, sangrientos, cometidos por adolescentes de 14, 15, 13 e incluso 12 años, que comprenden perfectamente lo que hacen”, afirmó el ministro, al insistir en la necesidad de adaptar la ley a la situación actual.
Cúneo Libarona también comparó el panorama local con el escenario internacional y remarcó que, en varios países desarrollados como Inglaterra, la edad de imputabilidad es más baja que en la Argentina. Según sostuvo, la política criminal debe combinar prevención y contención social, pero también una respuesta efectiva del Estado cuando el delito ya fue cometido.
Nuevo sistema y tratamiento diferenciado para los adolescentes
El titular de la cartera de Justicia describió algunos lineamientos del proyecto oficial para el nuevo régimen penal juvenil. Aclaró que no todos los jóvenes adultos en conflicto con la ley irán detenidos y que, en los casos en que se disponga encierro, las instalaciones no funcionarán como cárceles comunes ni con régimen de mayores. La propuesta oficial prevé centros diferenciados, separados de los adultos y de las mujeres, con un enfoque educativo y de resocialización.
- Tratamiento educativo obligatorio para los menores en conflicto con la ley.
- Capacitación en oficios para facilitar la inserción laboral futura.
- Práctica sistemática de deportes como parte de la integración social.
- Establecimientos separados de las cárceles de adultos, como los modelos de Ezeiza y Marcos Paz.
El ministro relató que en la práctica actual se registran casos de menores que, amparados en su inimputabilidad, reinciden varias veces en un mismo mes y recuperan la libertad en cuestión de días. Según su diagnóstico, esa dinámica genera una sensación de impunidad que repercute tanto en las víctimas como en la comunidad y, a la vez, no ofrece a los jóvenes una salida real del circuito delictivo.
“No se trata del castigo por el castigo. La idea es separar a los menores según su connotación social, su nivel de violencia y los delitos que cometieron. Necesariamente hay que reeducar y resocializar, dar otra oportunidad”, enfatizó Cúneo Libarona al describir el espíritu del proyecto.
En ese sentido, destacó experiencias de centros especializados, como los que funcionan en Ezeiza y Marcos Paz, donde los adolescentes están aislados de los mayores y reciben acompañamiento educativo y formativo. Para el ministro, modelos de este tipo permiten reducir costos en comparación con las cárceles tradicionales y, al mismo tiempo, favorecen que los jóvenes puedan proyectar una vida por fuera del delito. El debate legislativo que se abrirá en el Congreso definirá ahora el alcance final de la reforma y el nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil en el país.
