Cuba acusa a Washington de endurecer el castigo económico
NewsITe
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, cuestionó con dureza las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos contra funcionarios y empresas estatales de la isla, a las que calificó como un intento deliberado de profundizar la crisis económica y limitar el acceso de la población a bienes esenciales.
Desde La Habana, el jefe de la diplomacia cubana sostuvo que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar” el funcionamiento general de la economía. Según Rodríguez, estas medidas no solo apuntan al Gobierno, sino que impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
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El canciller aseguró que la política de sanciones busca “impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población”, en un contexto ya crítico por las restricciones derivadas del histórico bloqueo económico. Entre los efectos más sensibles, mencionó trabas crecientes para la llegada de contenedores con alimentos, medicamentos y equipamiento médico, en muchos casos importados por mipymes privadas cubanas.
Las nuevas restricciones incluyen a tres funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y a nueve entidades ligadas a sectores estratégicos como minería, comercio exterior y metalurgia. Washington enmarca las sanciones en su política de presión hacia el Gobierno de la isla, mientras que La Habana las interpreta como una ofensiva política que desconoce el derecho al desarrollo del país caribeño.
Funcionarios y empresas alcanzados por las sanciones
Entre los dirigentes del ICAP señalados por los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos se encuentra su presidente, el diputado Fernando González Llort, así como la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire. Para el Gobierno cubano, el instituto es un actor clave en la promoción de la solidaridad internacional y la cooperación con organizaciones de otros países.
El paquete también incluye a dependencias estatales y firmas dedicadas a la construcción, la minería y el comercio exterior, como el Ministerio de la Construcción, la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la comercializadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial, entre otras.
- Empresas y organismos de sectores estratégicos, como minería, metalurgia y construcción, quedaron bajo nuevas restricciones financieras.
- Importadoras y comercializadoras clave para la entrada de insumos y bienes al país también resultaron afectadas, lo que podría complicar aún más el abastecimiento interno.
Completan la nómina la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (Acorec S.A.), todas señaladas por Washington como parte del entramado estatal cubano sometido a sanciones.
Una ofensiva que se profundiza desde 2016
Rodríguez enmarcó este nuevo capítulo en una política de hostigamiento que, según remarcó, se intensificó a partir de fines de enero de 2016, durante la administración de Donald Trump. En ese período se aplicó un bloqueo petrolero, se amplió la lista de empresas cubanas sancionadas y se lanzaron advertencias a firmas extranjeras con inversiones o vínculos comerciales en la isla.
“Esta fracasada obsesión contra Cuba sanciona a una institución que ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz”, afirmó el canciller sobre el ICAP, al cuestionar la estrategia de Washington.
Para el Gobierno cubano, estas medidas forman parte de una política de presión sostenida que busca aislar al país e impedir su desarrollo económico. Desde Washington, en tanto, se argumenta que las sanciones se orientan a castigar a estructuras estatales consideradas responsables de violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades políticas.
En medio de ese escenario, economistas y analistas coinciden en que el impacto real de cada ronda de sanciones termina sintiéndose en las calles, con mayores dificultades para importar combustibles, alimentos y suministros médicos, y con empresas y mipymes privadas que deben enfrentar un entorno cada vez más complejo para sostener su actividad.
