La ex funcionaria de confianza de Karina Milei y un patrimonio en la mira
NewsITe
El crecimiento patrimonial de la ex subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez, volvió a encender las alarmas en la Casa Rosada y en los organismos de control. La ex funcionaria, integrante del círculo más cercano de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, pasó de declarar apenas $43.000 al ingresar al Estado a informar millones de pesos pocos años después, según surge de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Cuando inició su gestión en la administración pública, Agudiez declaró tener $8.861 en cajas de ahorro y $35.000 en efectivo. Sin bienes inmuebles ni otros activos significativos, su patrimonio era prácticamente simbólico frente a las responsabilidades que asumía en el área de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia.
Sin embargo, en su declaración correspondiente al cierre de 2025, la ex colaboradora de “El Jefe” informó activos por alrededor de $4,5 millones. El salto, cercano al 9.800%, incluye principalmente dinero en efectivo —unos $3,5 millones— y tenencias en fondos comunes de inversión (como Mercado Fondo y SBS), además de saldos en plataformas de pago y una caja de ahorro en dólares.
De acuerdo con la información consignada, Agudiez declaró ingresos anuales por $37,6 millones frente a gastos personales por $36 millones. Ese desfasaje, sumado a la magnitud del incremento patrimonial en un período relativamente corto, motivó el interés de la OA y alimentó las sospechas políticas en torno a posibles maniobras irregulares en el manejo de fondos vinculados a la Secretaría General.
La “razia” en Olivos y la trama política detrás del caso
La salida de Agudiez se produjo en el marco de la fuerte reestructuración del personal civil en la Quinta de Olivos, donde el Poder Ejecutivo apartó a una docena de empleados por supuestas «razones de seguridad» y eventuales filtraciones de información. Entre los desplazados se encontró también el ex administrador de la residencia presidencial, Osvaldo Sosa, esposo de Analía Agudiez, hermana de la ex subsecretaria.
El caso escaló en el plano político tras la intervención de la diputada nacional Marcela Pagano, quien reflotó una denuncia penal sobre un presunto esquema de corrupción con compras públicas. Según la legisladora, licitaciones destinadas a adquirir toneladas de cortes de carne premium y otros alimentos para Balcarce 50 y la residencia de Olivos habrían sido desviadas para abastecer a «Pancitos Caseros», un emprendimiento privado de catering vinculado al matrimonio Sosa-Agudiez.
- Incremento patrimonial de casi 9.800% en pocos años de gestión pública.
- Denuncias por presunto desvío de alimentos destinados a la Casa Rosada y Olivos.
- Doce empleados apartados en Olivos en una purga interna por seguridad.
- Intervención de la Oficina Anticorrupción y la Justicia para analizar el caso.
El caso Agudiez se convirtió en una prueba política para el oficialismo: deberá demostrar que investiga a sus propios cuadros con la misma vara con que exige transparencia al resto del Estado.
Mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales, en los pasillos de Balcarce 50 prevalece la preocupación por el impacto político del expediente. El oficialismo busca cerrar filas y reducir el costo reputacional que implica que una figura del entorno más directo de la Secretaría General quede bajo sospecha. El desenlace del caso, que combina números millonarios, vínculos personales y la gestión de recursos del Estado, será seguido de cerca por la oposición, los organismos de control y la opinión pública.
