Diez años de prisión por captar y explotar a una adolescente
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a diez años de prisión para Isabel y Alberto Cristo y su hijo Franco, integrantes de una familia gitana, por haber captado, trasladado y explotado a una adolescente desde que tenía 13 años, además de someterla a un matrimonio infantil y forzoso. El fallo ratifica la sentencia dictada en mayo por el Tribunal Oral Federal de San Juan y rechaza el intento de la defensa de ampararse en las costumbres de la comunidad para justificar los hechos.
De acuerdo con la investigación, la adolescente fue captada en la provincia de Neuquén mediante el pago de 825 mil pesos a sus padres. Entre marzo y abril de 2022, la obligaron a unirse en “matrimonio” con Franco Cristo, de 20 años, bajo ritos de la comunidad gitana. Luego fue trasladada a Santa Fe, donde permaneció hasta diciembre de 2024 en un contexto de sometimiento y violencia extrema.
Durante su estadía en Santa Fe, la joven fue víctima de múltiples formas de explotación: sexual, doméstica y laboral. Según consta en el expediente, era golpeada, insultada, quemada con cigarrillos y agua caliente, y amenazada de manera permanente. Además, se la obligaba a realizar venta ambulante y a encargarse de todas las tareas domésticas de la familia, debiendo entregar la totalidad del dinero obtenido bajo la amenaza de quedarse sin comida ni recursos básicos.
Rescate en San Juan y pruebas clave en la causa
En diciembre de 2024, la adolescente regresó a San Juan junto a Franco y el hijo que habían tenido, y se instaló nuevamente con su familia de origen. Sin embargo, en abril de 2025, Alberto e Isabel Cristo viajaron a la provincia y, aprovechando un descuido, la forzaron a subir a una camioneta con el objetivo de llevarla otra vez a Santa Fe. Durante una detención del vehículo en la localidad de Caucete, la joven intentó escapar, pero fue alcanzada por Isabel y obligada a subir nuevamente.
El episodio fue advertido por una persona que se encontraba en una estación de servicio, quien llamó al 911 para denunciar la situación. La secuencia quedó registrada por las cámaras del sistema de emergencias y permitió que efectivos de la Unidad Rural N° 1 detuvieran el vehículo poco después, rescatando a la adolescente y a su hijo. Ese operativo se convirtió en una de las pruebas centrales del caso.
La Cámara de Casación, con el voto del juez Daniel Petrone, valoró especialmente la declaración de la víctima en Cámara Gesell, los informes de profesionales intervinientes, la llamada al 911 y diversos registros oficiales que corroboraron su relato. En base a este conjunto de evidencias, el tribunal concluyó que se configuró el delito de trata de personas con fines de explotación, agravado por la minoría de edad de la víctima y por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.
“Matrimonio infantil y forzoso” y rechazo a la excusa cultural
En su voto, Petrone calificó la unión celebrada bajo ritos de la comunidad gitana como un “matrimonio infantil y forzoso” y subrayó que, por su edad y contexto de sometimiento, la adolescente no podía prestar un consentimiento válido. El magistrado remarcó que la pertenencia de los acusados a la comunidad gitana y la invocación de sus usos y costumbres no pueden ser utilizadas como excusa para eludir la responsabilidad penal frente a hechos que vulneran derechos fundamentales.
- Confirmación de la pena de diez años de prisión para los tres imputados.
- Reconocimiento judicial del carácter forzoso e inválido del matrimonio infantil.
- Reafirmación de que ninguna práctica cultural justifica delitos de trata.
- Rescate de la víctima y su hijo gracias a una denuncia ciudadana al 911.
“La pertenencia a la comunidad gitana y la invocación de usos y costumbres no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal”, sostuvo el juez Daniel Petrone al confirmar la condena.
Además de las penas de prisión, la Justicia estableció una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la víctima, como forma de resarcir el grave daño físico, psicológico y económico sufrido. El caso se suma a otros fallos recientes que buscan marcar un límite claro frente a prácticas que encubren situaciones de trata y explotación infantil, y refuerza el mensaje de que cualquier forma de violencia y sometimiento contra niñas, niños y adolescentes debe ser denunciada y sancionada con todo el peso de la ley.
