Gabriel Sánchez Zinny deberá declarar el 3 de marzo en una investigación por el otorgamiento de créditos fiscales a una automotriz durante su paso por el INET.
La Justicia federal citó a declaración indagatoria al exdirector general de Cultura y Educación bonaerense Gabriel Sánchez Zinny, en el marco de una causa por presunta defraudación contra la administración pública. La audiencia fue fijada para el próximo 3 de marzo.
La medida fue dispuesta por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el expediente CFP 1837/2024, caratulado “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, a partir de un pedido formulado por la Fiscalía Federal N° 12, a cargo de María Alejandra Mangano, informó la agencia Noticias Argentinas.
Sánchez Zinny fue funcionario durante la gestión de María Eugenia Vidal y actualmente se desempeña como jefe de Gabinete del gobierno porteño que encabeza Jorge Macri.
Los hechos investigados
La investigación se centra en el período 2016–2017, cuando Sánchez Zinny se desempeñaba como titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, antes de asumir como ministro bonaerense en reemplazo de Alejandro Finocchiaro.
Según el expediente, la Justicia federal analiza si el exfuncionario incurrió en los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles, vinculados al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina.
Además de Sánchez Zinny, también fueron citados a indagatoria Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante, quienes cumplían funciones en el INET y en el entonces Ministerio de Educación y Deportes durante la gestión del PRO.
El presunto perjuicio al Estado
La imputación sostiene que, desde sus cargos, los funcionarios realizaron contrataciones mediante el régimen de crédito fiscal que no podían concretarse de manera directa, por no cumplir con el régimen de contrataciones públicas y por la existencia de vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas.
La maniobra investigada habría consistido en la emisión de certificados de crédito fiscal a favor de Toyota Argentina SA como empresa patrocinante de proyectos educativos, en el marco de la ley 22.317. Sin embargo, la fiscalía entendió que los fondos se utilizaron para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos previstos por la norma.
En los tres casos acreditados, el dinero que dejó de ingresar al Estado se destinó a las firmas Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL. La investigación señaló irregularidades en los servicios contratados, inconsistencias en fechas, baja calidad y falta de respaldo documental.
El presunto perjuicio fue estimado en $2.854.405, cifra que, actualizada mediante la tasa activa del Banco Nación, alcanzó los $16.515.389,42. En tanto, el monto total originalmente presupuestado en certificados de crédito fiscal para Toyota Argentina SA fue de $7.000.000, que actualizados representarían $40.501.514,67.
