Cazzu y Thelma Fardín, al frente del reclamo contra los femicidios
NewsITe
La actriz Thelma Fardín y la cantante jujeña Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, encabezaron este miércoles la multitudinaria marcha de Ni Una Menos frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Ante una plaza colmada, ambas artistas fueron las encargadas de leer el documento central de la jornada, en un nuevo aniversario del movimiento que nació en 2015 para denunciar los femicidios y las violencias de género en todo el país.
La movilización reunió a miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans, personas no binarias y diversidades que volvieron a ocupar las calles con un reclamo sostenido: justicia por las víctimas de femicidios y la exigencia de políticas públicas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias de género. En el documento se recordaron nombres emblemáticos como Agostina Vega, Dulce Candia, Catalina Gutiérrez, Micaela García, Lucía Pérez y Lucila Yaconis, junto con el pedido de justicia “por todas las que ya no están”.
“El 3 de junio es nuestro grito”, leyó Cazzu en uno de los pasajes más aplaudidos del texto. “El grito de hartazgo que hace once años salió a las calles en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva. Seguimos cada año en las plazas, en las calles y en las casas denunciando las violencias”, continuó la artista, marcando la vigencia del movimiento.
Críticas al Gobierno y reclamo por políticas de género
El documento apuntó de manera directa al Gobierno nacional y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por la calificación del caso de Agostina Vega como “homicidio”, lo que –según denunciaron– vuelve a invisibilizar la figura de femicidio. También reclamaron la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes señalaron por su accionar en investigaciones vinculadas a la violencia machista.
Las organizaciones que conforman Ni Una Menos denunciaron además el retroceso en políticas de género en los últimos meses. “El gobierno de Milei avanza sobre nuestros derechos: eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género”, advirtieron, y remarcaron que muchos gobiernos provinciales “retiraron o vaciaron” sus programas en la materia, en línea con la política nacional.
En otro tramo del texto, se cuestionó con fuerza la actuación del Poder Judicial. Las oradoras hablaron de “complicidad” con las violencias sobre los cuerpos de las mujeres y diversidades, al mencionar la falta de respuestas, la revictimización en los procesos, las demoras en las investigaciones y la ausencia de mecanismos eficaces de protección. También denunciaron la “complicidad institucional” de la Justicia con lo que definieron como “este gobierno de ultraderecha”.
Un movimiento que se sostiene en el tiempo
Desde su irrupción pública en 2015, tras el femicidio de una adolescente embarazada en Santa Fe, Ni Una Menos se convirtió en una referencia del movimiento feminista argentino y latinoamericano. Cada 3 de junio, el Congreso y las principales plazas del país se transforman en punto de encuentro para exigir justicia, políticas integrales y un cambio cultural profundo frente a las violencias machistas.
- El primer grito de Ni Una Menos se dio en 2015 y se replicó en múltiples países de la región.
- La consigna central se mantiene: reclamar el fin de los femicidios y de todas las violencias de género.
- Organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos acompañan año tras año las movilizaciones.
Según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, entre 2017 y 2025 se registraron 2.158 femicidios en Argentina, lo que equivale a un femicidio cada 36 horas.
Con consignas que combinan memoria, denuncia y propuestas concretas, la marcha de este año volvió a dejar en claro que, pese a los cambios de gobierno y a los vaivenes económicos, la demanda social por una vida libre de violencias se mantiene firme. El movimiento Ni Una Menos insiste en que el Estado, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad indelegable de garantizar la prevención, la asistencia y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
