Caso Adorni: el contratista ratifica el monto de la obra y niega presiones
NewsITe
El contratista Matías Tabar, responsable de la refacción de la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, salió a despegarse de las versiones que lo señalaban como víctima de presuntas presiones por parte del jefe de Gabinete. En declaraciones recientes, negó haber recibido “aprietes” y relativizó una intimación enviada por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARCA), a la que calificó como un procedimiento habitual dentro de los controles fiscales.
Tabar detalló que lleva más de dos décadas trabajando de manera autónoma en el rubro de la construcción y que, en ese contexto, no es extraño recibir comunicaciones del organismo recaudador cuando se detectan supuestas inconsistencias que deben ser aclaradas. Según explicó, el requerimiento apunta a que presente en un plazo de diez días una justificación detallada de su situación patrimonial y fiscal.
El contratista quedó bajo la lupa luego de su declaración ante la Justicia en la causa que investiga a Adorni —ex vocero presidencial y actual jefe de Gabinete— por presunto enriquecimiento ilícito. En ese expediente, Tabar indicó que el costo total de la obra en la propiedad del funcionario ascendió a unos U$S 245.000, cifra que consideró “lógica” para el tipo de remodelación realizada en un barrio cerrado de esas características.
Ese monto se transformó en uno de los ejes del expediente judicial, ya que contrasta con los intentos públicos de Adorni de minimizar el alcance económico de los trabajos. Mientras el jefe de Gabinete relativizó en medios y redes sociales la magnitud de la inversión, Tabar ratificó ante la Justicia y ante la prensa el número que había aportado inicialmente, remarcando que responde a precios de mercado y a la envergadura de la obra.
Los investigadores siguen de cerca el modo en que se habría financiado la remodelación, con particular atención al presunto manejo de fondos en efectivo para el pago de los servicios de construcción. Esa dinámica, habituales en operaciones inmobiliarias de alto valor, complica la trazabilidad del dinero y es uno de los puntos centrales a dilucidar para determinar si hubo o no irregularidades en el patrimonio del funcionario.
La situación judicial de Adorni y los otros frentes abiertos
El caso de la vivienda en Indio Cuá no es el único frente judicial que enfrenta Adorni. Desde marzo, el ahora jefe de Gabinete también es investigado por presuntas dádivas vinculadas a un viaje a Punta del Este, cuyas condiciones de financiamiento y eventuales contraprestaciones se encuentran bajo análisis. A ello se suman menciones en el expediente de la criptomoneda $LIBRA, en el que el principal acusado es el presidente Javier Milei y donde se investiga una posible estructura financiera irregular.
En medio de este escenario, y con su nivel de exposición pública cuestionado dentro del propio oficialismo, la semana pasada se oficializó su salida como vocero presidencial. El Gobierno designó en su reemplazo a Adrián Ravier, con la intención de reordenar la comunicación oficial y reducir el foco sobre la figura de Adorni mientras avanzan las investigaciones.
Por ahora, Tabar insiste en despegar al funcionario de la intimación de ARCA y en presentar el requerimiento del organismo como parte de los mecanismos ordinarios de control. Sin embargo, el cruce de versiones sobre el costo de la obra y la forma de pago, sumado a las otras causas en curso, mantiene al caso en el centro de la escena judicial y política, mientras la Justicia define los próximos pasos de la pesquisa.
“Sería descabellado pensar que Adorni me mandó presiones por la obra. Lo que cobré es lógico para una refacción de ese tipo”, afirmó el contratista.
La evolución de la causa, los informes patrimoniales y la eventual aparición de nuevos testigos o documentos serán claves para determinar si las sospechas de enriquecimiento ilícito se sostienen o si los movimientos económicos del jefe de Gabinete se encuadran dentro de los parámetros legales vigentes.
