El casamiento se realizó en la Quebrada de las Conchas, un área protegida de Salta, y la intendenta denunció que se presentó una autorización apócrifa para habilitar el evento.
Un casamiento realizado en una zona protegida de la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, derivó en un escándalo que incluye una denuncia penal por presunta falsificación de documentos y la intervención de la Justicia. La celebración se llevó a cabo en el paraje La Punilla, dentro de un área alcanzada por regulaciones ambientales que exigen permisos específicos.
La ceremonia tuvo como protagonistas a Nicole Pocovi, empresaria de 31 años, y Federico Maran, de 34, socio de una concesionaria. El evento reunió a más de cien invitados y contó con una estructura que incluyó iluminación, barra de tragos, música en vivo y una ambientación con mobiliario y elementos decorativos instalados en el lugar.
La denuncia por una autorización falsa
La polémica se desató cuando imágenes y videos del casamiento comenzaron a circular y llegaron a las autoridades provinciales. La Quebrada de las Conchas es un área protegida por la Ley Provincial 6806, lo que implica restricciones para la realización de eventos. Toda actividad a relizarse en un lugar como este requiere siempre una autorización formal.
En ese contexto, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, presentó una denuncia penal. En ella se señala que para llevar adelante la celebración se habría presentado un permiso falsificado. El mismo incluiría una firma apócrifa del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Alejandro Aldazábal.
“No autoricé nada, ese documento es falso”, sostuvo el funcionario, quien además remarcó: “El papel que exhibía es un papel que no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy desprolijo. Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada. No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto”.
Intervención judicial y posible infracción ambiental
El caso fue elevado a la Justicia y actualmente interviene el Ministerio Público Fiscal. Se busca determinar si existió falsificación de instrumento público, si hubo maniobras ilegales para habilitar el evento y si se incumplieron las normas ambientales vigentes.
