Mar del Plata: Neme sostiene la costa con permisos precarios

Concesiones vencidas y falta de plan integral en la costa marplatense

Frente costero de Mar del Plata con balnearios concesionados

NewsITe

La Municipalidad de General Pueyrredon atraviesa la mitad del invierno con un mapa costero plagado de concesiones vencidas, permisos precarios y figuras de depositarios, mientras la gestión del intendente Agustín Neme aún no presenta un cronograma claro para ordenar el frente marítimo de Mar del Plata antes de la próxima temporada de verano.

De acuerdo con información del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), el municipio administra 51 Unidades Turísticas Fiscales (UTF) a lo largo de unos 47 kilómetros de costa. Sin embargo, una porción significativa de esos espacios clave se sostiene hoy con herramientas transitorias que, aunque legales, se alejan del esquema competitivo y transparente que debería regir la explotación de bienes públicos.

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Uno de los casos más emblemáticos es el del balneario Punta Iglesia, ubicado en pleno centro marplatense y explotado por Balena Argentina S.A. El contrato vence el 30 de abril de 2026 y el EMTURyC rechazó el pedido de prórroga, pero la comuna todavía no dio a conocer el modelo definitivo que reemplazará a esa concesión en uno de los sectores más visibles y concurridos de la ciudad.

A pocos metros, las ex Piletas Punta Iglesia y la Playa Bristol Popular se encuentran bajo la figura de depositario. Esta modalidad permite mantener ciertos servicios básicos y preservar las instalaciones, pero no tiene el carácter de una concesión otorgada mediante licitación abierta, con pliegos claros, controles definidos y plazos establecidos.

Permisos transitorios y licitaciones demoradas

En el sector norte, Playa Acevedo también está bajo un depositario y recién tendrá apertura de ofertas el 11 de agosto, con un canon oficial fijado en $45 millones y una garantía equivalente a ese monto. El llamado se presenta como un avance después de intentos fallidos, cuestionamientos a las condiciones del pliego y extensiones transitorias, en un predio donde la última concesión terminó con sanciones e incumplimientos atribuidos al anterior explotador.

La irregularidad se replica en otros puntos estratégicos. Playa Cardiel, conocida comercialmente como Puerto Cardiel, funciona con un permiso precario pese a considerarse lista para salir a licitación. Punta Cantera I permanece en manos de un depositario y Faro Norte continúa con el operador actual a la espera de una nueva adjudicación. En paralelo, hay varias UTF con contratos vigentes y ordenanzas específicas, lo que muestra el contraste entre sectores ordenados y otros sumidos en la excepcionalidad.

Especialistas en derecho administrativo y gestión turística advierten que los permisos precarios y depositarios son figuras pensadas como puente para evitar playas cerradas cuando caducan los contratos. El problema, subrayan, aparece cuando el uso excepcional se vuelve regla y reemplaza a un esquema licitatorio que garantice competencia, inversión, transparencia y previsibilidad para el Estado y los privados.

Responsabilidades políticas y lo que está en juego

Aunque el desorden no empezó con Neme, el intendente asumió en diciembre de 2025 con la responsabilidad de conducir el organismo que define el destino de las UTF. Muchas de las licitaciones demoradas y prórrogas cuestionadas provienen de la gestión anterior, de la cual el actual jefe comunal fue parte como concejal y referente oficialista, lo que agrega un componente político a las decisiones que se tomen (o no) en los próximos meses.

La administración local debe clarificar cuáles son los servicios habilitados para los depositarios, qué cánones pagan, qué obligaciones de mantenimiento tienen, qué controles recibieron y hasta cuándo podrán seguir operando bajo esa modalidad. A la vez, se reclama la publicación de un calendario de licitaciones para las unidades ya en condiciones de salir a concurso y la definición sobre las que cuentan con contratos finalizados.

  • Definir el uso del espacio libre y los accesos públicos a la playa.
  • Regular la cantidad de unidades de sombra y servicios complementarios.
  • Determinar qué obras privadas pueden autorizarse en la franja costera.
  • Establecer con claridad cuánto ingresa al municipio por cada concesión.

“Si la próxima temporada comienza con los mismos depositarios y permisos transitorios, ya no podrá hablarse de herencia, sino del sistema costero elegido por la actual administración”, señalan fuentes políticas locales.

En Mar del Plata, la discusión excede el negocio de los balnearios: cada definición sobre las UTF impacta en el acceso ciudadano al mar, en la calidad de los servicios turísticos y en la recaudación municipal. Neme aún dispone de margen para encauzar el esquema de concesiones, pero cada día sin definiciones acorta los tiempos de cara al verano y fortalece a quienes hoy ocupan predios clave sin una adjudicación definitiva.

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