El Ministerio de Seguridad lanzó un protocolo que permite a las fuerzas federales crear perfiles ficticios respaldados por documentación oficial para investigar delitos complejos en redes sociales y entornos digitales.
El Gobierno nacional oficializó esta semana la creación de una figura legal que permite a policías y fuerzas de seguridad actuar como agentes encubiertos en internet, mediante identidades falsas habilitadas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Mediante las resoluciones 828/2025 y 829/2025 publicadas en el Boletín Oficial establecieron esta medida, que a su vez firmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El nuevo protocolo establece que los efectivos podrán utilizar estos perfiles ficticios para infiltrarse en redes sociales, plataformas digitales y otros entornos virtuales, con el objetivo de investigar delitos vinculados al narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el abuso sexual infantil y el crimen organizado. La creación y uso de estas identidades deberá contar con autorización judicial expresa y contará con la supervición de una unidad especial del ministerio.
Según la normativa, el Renaper podrá emitir documentación real, tanto digital como física, asociada a estas identidades encubiertas. Para evitar filtraciones, se implementará un registro interno de estos perfiles con códigos de seguridad y acceso restringido. Considerarán cualquier divulgación indebida como una falta grave o delito penal, según el caso.
Capacitación y control del nuevo programa
En paralelo, el Ministerio de Seguridad impulsó la creación de un Consejo Académico Asesor para capacitar a los agentes que integren este programa. El organismo será presidido por el juez federal Ricardo Basílico y estará conformado por magistrados, fiscales, especialistas en derecho penal y representantes de las fuerzas federales. El objetivo es profesionalizar la tarea encubierta y establecer estándares de formación y control.
Desde el oficialismo se destacó que esta herramienta apunta a modernizar las capacidades de investigación del Estado, en línea con estrategias de seguridad adoptadas por agencias como el FBI. La ministra Bullrich afirmó que se trata de “un paso clave para enfrentar delitos complejos que hoy se planifican y ejecutan en entornos digitales”.
Críticas y advertencias por riesgos de abuso
Sin embargo, el protocolo generó críticas en sectores vinculados a la defensa de los derechos civiles y la privacidad. La activista Beatriz Busaniche cuestionó la creación de identidades ficticias con respaldo estatal, advirtiendo que el uso de documentación oficial para perfiles falsos “puede abrir la puerta a abusos y falta de control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad”.
Organismos de derechos humanos y especialistas en ciberseguridad también alertaron sobre los posibles excesos que podrían derivarse de la implementación del programa, aun con intervención judicial. Sostienen que no existe un marco normativo integral que regule la vigilancia digital ni una legislación específica que contemple los derechos de los usuarios frente a estas prácticas.
Pese a las objeciones, el protocolo ya está en vigencia. Su implementación dependerá ahora de la articulación entre las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y los organismos técnicos encargados de garantizar que esta herramienta se utilice dentro de los límites legales y con respeto a los derechos fundamentales.
