La abogada de Bullrich, Silvina Martínez, presentó una denuncia contra el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen.
Este miércoles, la abogada de Patricia Bullrich, Silvina Martínez, presentó una denuncia contra la Inspección General de Justicia (IGJ). Precisamente, la letrada apuntó su acusación contra el titular del organismo estatal, Ricardo Nissen.
Dicha denuncia es presentada luego que la IGJ decidiera la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), ente dirigido por Bullrich. A Nissen se lo acusa por “violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” y por “perseguir a entidades civiles que presiden dirigentes opositores, utilizando el poder del Estado”.
Días atrás, el organismo dependiente del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, difundió un dictamen en el que asegura que Bullrich utiliza al IEES para “el sostenimiento” de su “campaña” electoral, en abierta violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos.
En el escrito, además, enumeran una serie de supuestas irregularidades de la fundación de la presidenta del PRO, destinadas “a financiar acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado”.
La denuncia de la abogada Martínez afirma que el Gobierno nacional busca “controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines” a la gestión kirchnerista.
“Permitir campañas de criminalización de entidades civiles por el solo hecho de estar asociadas a personas que no poseen la misma ideología que los miembros del poder ejecutivo es solo el principio. Así comenzaron los regímenes dictatoriales en la región para luego detener en forma arbitraria a aquellos críticos del gobierno”, expresó la propia letrada en un comunicado.
“No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó. De esta forma se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”, sostiene el escrito.
