El Congreso boliviano abre la puerta a un rol interno ampliado de los militares.
En medio de una de las crisis sociales más prolongadas de los últimos años, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que habilita una mayor participación de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos internos. La iniciativa, que obtuvo más de dos tercios de los votos, deja sin efecto las restricciones que regían desde 2020 y ahora quedó en manos del presidente Rodrigo Paz, quien deberá promulgarla o vetarla.
El cambio legislativo implica la anulación de la Ley 1.341, conocida como Ley Copa, que había sido sancionada tras la crisis política de 2019 con el objetivo de limitar el uso de los militares en tareas de orden interno. Con la norma actual, el Poder Ejecutivo recupera margen para recurrir a las Fuerzas Armadas en situaciones de alta conflictividad y para la eventual declaración de un estado de excepción.
Según argumentaron los legisladores que respaldaron el proyecto, la medida apunta a garantizar el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro, fuertemente afectadas por los cortes de ruta. Sostienen que la presencia militar permitiría despejar los principales corredores viales y habilitar el tránsito de camiones y ambulancias.
Cuatro semanas de protestas y más de 150 cortes
Bolivia atraviesa su cuarta semana consecutiva de protestas, con movilizaciones y bloqueos organizados por sectores sindicales, campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales, muchos de ellos nucleados en la Central Obrera Boliviana (COB). Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y denuncian un deterioro en las condiciones económicas y sociales.
De acuerdo con datos difundidos por fuentes legislativas y organizaciones sociales, los piquetes llegaron a registrar hasta 150 puntos de corte en rutas de todo el país. El impacto sobre la circulación de mercaderías se siente con fuerza en los mercados de las principales ciudades, donde se reportan incrementos de precios, faltantes de productos básicos y dificultades para el funcionamiento de hospitales por la escasez de combustible.
Debate político y preocupaciones por los derechos humanos
La decisión del Congreso generó un intenso debate político y reavivó el recuerdo de episodios de violencia ocurridos en años recientes, cuando la actuación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos derivó en denuncias por violaciones a los derechos humanos. Sectores opositores y organizaciones civiles advierten que la nueva norma podría habilitar un uso desproporcionado de la fuerza y piden que cualquier despliegue militar quede bajo estricto control civil y judicial.
- La ley anula un marco normativo que limitaba el rol interno de los militares desde 2020.
- El Gobierno argumenta que busca garantizar el suministro de bienes esenciales ante los bloqueos.
- Organismos de derechos humanos reclaman protocolos claros y rendición de cuentas.
La intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales en Bolivia ha sido, históricamente, un punto de fuerte controversia, con antecedentes que aún marcan la memoria colectiva y condicionan el debate actual.
Mientras el proyecto espera la firma del presidente Paz, las organizaciones movilizadas anticipan que profundizarán las medidas de fuerza si perciben que el Gobierno opta por una respuesta basada en la militarización antes que en el diálogo. En este contexto, la posibilidad de un estado de excepción y de un mayor protagonismo de los uniformados se perfila como un factor clave para el rumbo de la crisis boliviana en las próximas semanas.
