Crecen las tensiones en Bolivia por el fin del subsidio al diésel
NewsITe
El gobierno de Bolivia enfrenta un nuevo frente de conflicto social tras la decisión de poner fin al histórico esquema de subsidios al diésel. La medida, oficializada el 19 de septiembre mediante el Decreto Supremo 5716 y anunciada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, ya impacta en las tarifas del transporte y en los precios de productos básicos, lo que encendió la reacción inmediata de sindicatos, transportistas y organizaciones sociales.
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Desde la medianoche del viernes, el diésel comenzó a regirse por un nuevo precio de referencia, sin el aporte directo del Estado. El Ejecutivo argumenta que el retiro de la subvención es parte de un programa más amplio para enfrentar la crisis económica, reducir el peso fiscal del gasto en combustibles y mejorar el abastecimiento, luego de meses de escasez en distintas regiones del país.
La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó de plano la decisión, a la que distintos sectores ya bautizaron como un nuevo “dieselazo”. La central sindical convocó a un ampliado nacional de emergencia con la participación de confederaciones, federaciones y centrales obreras departamentales y regionales, con el objetivo de evaluar la coyuntura y definir un plan de lucha. Para la COB, el ajuste representa un golpe directo a la economía popular y amenaza con desatar un proceso inflacionario que encarecerá la canasta básica.
Los transportistas, uno de los sectores más sensibles al cambio de reglas, también se declararon en estado de emergencia. Dirigentes de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunciaron una reunión clave en Santa Cruz para resolver si avanzan con paros, bloqueos de rutas u otras medidas de presión. Señalan que el aumento del combustible incrementa de manera inmediata los costos operativos de camiones y autobuses, con el riesgo de subas en pasajes urbanos, interurbanos y en los fletes de carga.
Impacto económico y advertencias por la suba de precios
La Defensoría del Pueblo alertó que el incremento del diésel puede extenderse a toda la estructura de precios de la economía boliviana, en particular por el peso del transporte en la distribución de alimentos y mercancías. El diésel es clave para la producción agropecuaria, la logística y numerosas actividades productivas, por lo que su encarecimiento podría repercutir en el abastecimiento y el costo de bienes de primera necesidad.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, expresó su preocupación por las consecuencias sociales de la medida y recordó que cualquier política económica debe resguardar derechos básicos como la alimentación, el trabajo, la salud y la educación. En el plano político, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, aliadas del expresidente Evo Morales, también se declararon en emergencia, ampliando el mapa de actores en contra del decreto.
- El Gobierno afirma que el subsidio al diésel era una carga insostenible para las cuentas públicas.
- Sindicatos y organizaciones sociales temen un salto inflacionario y pérdida de poder adquisitivo.
- Transportistas analizan medidas de fuerza que podrían afectar la circulación interna de bienes y personas.
“Entendemos que el Estado debe atender desafíos económicos; sin embargo, cualquier política pública debe tener presente la preservación de los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud y a la educación”, advirtió el defensor del pueblo Pedro Callisaya.
Mientras el Gobierno defiende la reforma como un paso necesario para ordenar el sistema energético y corregir distorsiones de precios, los sectores sociales cuestionan que el costo recaiga sobre transportistas, productores, comerciantes y consumidores. En las próximas jornadas, el resultado de las reuniones gremiales y sindicales será clave para saber si Bolivia ingresa en una nueva etapa de protestas masivas por el precio del combustible.
