El fiscal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para reconstruir ingresos y movimientos patrimoniales del presidente de la AFA. Entre ellas, solicitó informes por casi US$190.000 transferidos por la FIFA, pagos del Sindicato de Camioneros y un depósito en efectivo de US$620.000.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia sumó una nueva batería de medidas destinadas a reconstruir el origen de distintos ingresos y movimientos bancarios registrados durante los últimos años. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió analizar transferencias realizadas por la FIFA, acreditaciones provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones y un depósito en efectivo de 620.000 dólares en una cuenta personal del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El representante del Ministerio Público presentó ante el juez federal Ariel Lijo un pedido con 15 medidas de prueba. Entre ellas incluyó la apertura de información bancaria, fiscal y financiera correspondiente a Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del dirigente sindical Hugo Moyano, debido a su participación en cuentas y activos vinculados al titular de la AFA.
El expediente se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y apunta a establecer si la evolución patrimonial de Tapia puede justificarse con los ingresos que declaró durante el período bajo análisis. Su cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) resulta central para la causa, ya que su condición de funcionario público permite investigar un eventual enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con información publicada por La Nación, la denuncia sostiene que el patrimonio declarado por Tapia habría experimentado un crecimiento cercano al 1000% entre 2017 y 2024. A partir de ese dato, la fiscalía comenzó a contrastar declaraciones juradas, movimientos bancarios, bienes registrables y distintas fuentes de ingresos.
La fiscalía busca determinar el origen de US$620.000
Uno de los puntos centrales de la investigación se concentra en una operación realizada el 12 de febrero de 2019. Según la documentación que el Banco Credicoop remitió al juzgado, ese día Paola Moyano quedó habilitada para operar tanto una cuenta corriente en pesos como una caja de ahorro en dólares pertenecientes a Tapia.
En esa misma jornada se concretó un depósito en efectivo por 620.000 dólares. La fiscalía pretende determinar quién aportó esos fondos, cuál fue su procedencia y qué operación pudo haberlos originado.
También ese día se habilitó una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle de la entidad bancaria, en la que Moyano figura como cotitular con facultades de disposición indistinta. A su vez, la documentación incorporada al expediente señala que utilizaba tarjetas adicionales Visa y Cabal relacionadas con cuentas del dirigente.
Pollicita consideró necesario ampliar el análisis patrimonial sobre Moyano porque una porción significativa de los bienes declarados por Tapia tiene carácter ganancial. Por ese motivo solicitó extender a ella el levantamiento de los secretos bancario, financiero, bursátil y fiscal que ya había sido dispuesto para el presidente de la AFA.
La medida comprendería el período que va desde 2016 hasta la actualidad y permitiría reconstruir con mayor precisión el movimiento económico de ambos durante los años investigados.
Los investigadores también detectaron seis transferencias por un total de 1.171.070 pesos desde una cuenta de Tapia en el HSBC hacia una escribana identificada como Marisa Galarza. Cinco de esos movimientos se realizaron durante la misma semana en la que ingresaron los 620.000 dólares.
La fiscalía pidió verificar la matrícula profesional de la escribana y luego pretende acceder a las escrituras realizadas desde 2016 en las que hayan intervenido Tapia o Moyano. El objetivo es conocer valores declarados, modalidades de pago y procedencia del dinero utilizado en eventuales operaciones.
Un exhorto a Suiza por casi US$190.000 enviados por la FIFA
La investigación también puso la atención sobre tres transferencias que la FIFA realizó a favor de Tapia entre diciembre de 2018 y marzo de 2020. Pollicita pidió enviar un exhorto a Suiza para que la entidad internacional informe qué conceptos justificaron esos pagos.
Las tres operaciones suman alrededor de 189.578 dólares. La primera, por 49.585 dólares, se produjo en diciembre de 2018; otra por 124.583 dólares fue registrada en junio de 2019; y una tercera, por 15.408 dólares, se concretó en marzo de 2020.
Según el planteo de la fiscalía, esos ingresos no aparecerían consignados como pagos de la FIFA en las declaraciones analizadas. Por eso Pollicita pidió que la entidad detalle todas las sumas abonadas a Tapia desde 2016, ya sea por honorarios, viáticos u otras compensaciones, además de informar qué funciones desempeñó para percibirlas.
Otro frente de análisis involucra al Sindicato de Choferes de Camiones, históricamente conducido por Hugo Moyano. Entre enero de 2016 y enero de 2019, el gremio realizó 37 acreditaciones por un total de 1.494.678 pesos en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.
La particularidad señalada por la fiscalía es que esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período, mientras que las declaraciones de Tapia mencionaban remuneraciones provenientes del Ceamse, la Conmebol y la AFA.
Ante esa diferencia, Pollicita reclamó al sindicato el legajo laboral del dirigente, detalles sobre las funciones que habría cumplido, recibos de haberes y las fechas de ingreso y desvinculación. Con esa documentación buscará establecer qué relación laboral o contractual existió y bajo qué concepto se realizaron los pagos.
El vínculo familiar forma parte del contexto del expediente. Tapia estuvo casado con Paola Moyano y asumió la presidencia de la AFA en 2017, cuando Hugo Moyano presidía Independiente y ocupaba la vicepresidencia de la propia Asociación del Fútbol Argentino.
La AFA también deberá explicar pagos, tarjetas y viáticos
Pollicita requirió además información interna de la AFA relacionada con tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia. El pedido alcanza a plásticos Visa, Cabal y American Express Corporate y busca conocer quién autorizó su emisión, cuáles eran los límites disponibles y cómo se rindieron los gastos.
La fiscalía también quiere establecer qué tratamiento contable recibieron esos consumos y si fueron considerados remuneraciones, anticipos u otro tipo de beneficio.
A eso se suman cinco transferencias realizadas desde la AFA hacia cuentas personales de Tapia entre 2020 y 2023. Una de ellas alcanzó 1.251.000 pesos. El fiscal reclamó documentación que permita explicar cada operación y también pidió precisiones sobre 30 millones de pesos en viáticos que el dirigente declaró haber percibido.
La Nación consignó además que las nuevas medidas incluyen la revisión de vehículos, inversiones y otra documentación patrimonial para reconstruir de manera integral la evolución económica del presidente de la AFA.
Entre los bienes bajo análisis aparecen cuatro automóviles, incluida una BMW X4 adquirida en junio de 2020. La fiscalía también solicitó información sobre otros vehículos en los que Tapia figuró como persona autorizada, aunque no necesariamente como propietario.
Pollicita pidió asimismo los movimientos de dos subcuentas comitentes registradas en el Banco Credicoop y en el Banco de Servicios y Transacciones. En paralelo, solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que informe si Tapia o Paola Moyano ingresaron al régimen de regularización de activos establecido por la ley 27.743.
La Oficina de Integridad Pública porteña deberá completar además la información correspondiente a las declaraciones juradas de Tapia entre 2016 y 2022. El fiscal reclamó los anexos reservados al considerar que la documentación entregada hasta ahora resultó incompleta.
Por último, la fiscalía pidió incorporar información de siete expedientes en los que Tapia aparece o apareció investigado en distintos fueros. Entre ellos se encuentra una causa por presunta evasión vinculada a la AFA.
La intención es reunir datos patrimoniales ya producidos en esas investigaciones y contrastarlos con la información bancaria, fiscal y societaria que ahora busca obtener Pollicita. Las medidas todavía deberán ser autorizadas y producidas dentro del expediente que tramita ante el juzgado de Ariel Lijo.
