La Fiscalía abrió una investigación contra el expresidente y su exvicepresidente Álvaro García Linera por la muerte de tres ciudadanos europeos durante una intervención policial en un hotel de Santa Cruz. El procedimiento ocurrió hace 17 años y también dejó dos detenidos que denunciaron haber sido torturados.
La Fiscalía General de Bolivia inició una nueva investigación contra el expresidente Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera por presuntos delitos de asesinato, torturas y privación ilegal de la libertad, vinculados con un operativo policial realizado en abril de 2009 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La decisión fue anunciada este lunes por el fiscal general interino, José Armando Urioste, quien informó al Tribunal Supremo de Justicia sobre el comienzo de la recopilación de antecedentes para evaluar un eventual juicio de responsabilidades contra ambos exmandatarios.
La causa se relaciona con la muerte de tres ciudadanos europeos durante una intervención de las fuerzas de seguridad en el Hotel Las Américas, un episodio que provocó una fuerte controversia política y judicial en Bolivia.
El operativo que terminó con tres muertos
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un grupo especial de la Policía boliviana ingresó al Hotel Las Américas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.
Durante el procedimiento murieron Eduardo Rózsa Flores, de nacionalidad boliviana y croata; Michael Dwyer, ciudadano irlandés; y Árpád Magyarosi, de origen húngaro y rumano.
Otros dos hombres, Mario Tadic y Elöd Tóásó, sobrevivieron al operativo, pero fueron detenidos. Posteriormente denunciaron haber sufrido torturas mientras permanecían bajo custodia de las autoridades.
En aquel momento, el gobierno de Evo Morales aseguró que los hombres integraban una organización armada que pretendía promover un movimiento separatista en Santa Cruz, una de las regiones más importantes económicamente del país.
Según la versión oficial de entonces, el grupo buscaba desestabilizar al Gobierno y contaba con el respaldo de sectores opositores.
Sin embargo, las circunstancias de las muertes y las denuncias de los sobrevivientes generaron cuestionamientos sobre la actuación policial.
La nueva investigación contra Morales
El fiscal general interino comunicó al Tribunal Supremo de Justicia el inicio de las actuaciones contra Morales y García Linera por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad.
La investigación responde a una acusación presentada por legisladores de la alianza opositora Libre, quienes solicitaron que se determinen las responsabilidades políticas y penales por los hechos ocurridos hace 17 años.
Uno de los elementos que vuelve a colocar a Morales en el centro de la controversia es que el propio expresidente reconoció públicamente haber ordenado el operativo policial mientras se encontraba de viaje en Venezuela.
Durante su ausencia, García Linera ejercía temporalmente la Presidencia de Bolivia.
Los denunciantes consideran que esas circunstancias deben ser analizadas para determinar qué participación tuvieron ambos dirigentes en las decisiones que derivaron en la intervención policial.
Un caso que llegó a organismos internacionales
El episodio del Hotel Las Américas también fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por familiares de las víctimas y sobrevivientes del operativo.
Las denuncias incluyeron presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, además de cuestionamientos sobre las garantías judiciales durante las investigaciones posteriores.
La nueva actuación de la Fiscalía busca reunir esos antecedentes y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con un juicio de responsabilidades.
Sin embargo, la apertura de esta instancia no implica que Morales y García Linera hayan sido declarados culpables ni que exista una condena judicial en su contra.
Para que el procedimiento avance hacia un juicio de responsabilidades, deberá cumplirse el trámite previsto por la legislación boliviana, que contempla la intervención de la Asamblea Legislativa.
La reapertura del caso representa un nuevo frente judicial para Evo Morales y vuelve a poner bajo investigación uno de los episodios más controvertidos de su gestión presidencial.
