La iniciativa busca incorporar al Código Penal nuevas penas por contratar mercenarios y sancionar el reclutamiento, financiamiento y organización de estructuras armadas privadas. La propuesta se conoce mientras la Justicia investiga una red que captaba argentinos para enviarlos a combatir en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador) presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal el delito de mercenarismo y penalizar el reclutamiento, financiamiento y organización de estructuras armadas privadas ilegales. La iniciativa surge mientras la Justicia Federal investiga una organización acusada de captar argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.
En los últimos días, la investigación avanzó con la detención de una mujer en Tigre, acusada de integrar una red que reclutaba civiles, exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad mediante publicaciones en redes sociales. Según la causa, la organización ofrecía salarios cercanos a los 3.000 dólares mensuales y prometía viajes pagos para incorporar voluntarios al conflicto bélico.
El caso también volvió a poner el foco sobre los argentinos que viajaron al frente de batalla. Tal como informó Diario EL NORTE, cuatro nicoleños permanecen desaparecidos en combate desde que se incorporaron como voluntarios a las fuerzas enfrentadas. Tres combatían para Ucrania y uno para Rusia. Hasta el momento no existen confirmaciones oficiales sobre el destino de ninguno.
La propuesta busca cubrir un vacío legal
El proyecto define como mercenario a toda persona que, a cambio de una retribución económica o material, preste servicios de carácter militar por fuera de los supuestos autorizados por el derecho internacional y la legislación argentina.
Además de sancionar a quienes participen como combatientes, la iniciativa también prevé penas para quienes organicen, financien, dirijan o brinden apoyo logístico a estructuras armadas privadas.
El texto incorpora agravantes cuando estas organizaciones afecten la defensa nacional, involucren a menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o actos terroristas.
Al mismo tiempo, excluye expresamente de su alcance a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad que actúen en funciones oficiales, las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el personal humanitario y sanitario y las empresas de seguridad privada que desarrollen su actividad dentro del marco legal vigente.
“Nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica”
Al presentar la iniciativa, Gutiérrez sostuvo que la reforma busca brindar herramientas jurídicas para enfrentar un fenómeno que, según afirmó, ya tiene antecedentes en Argentina.
“Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado”, expresó el legislador.
El diputado también remarcó que la propuesta apunta a cubrir un vacío en la legislación vigente.
“Mientras la Justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal”, concluyó.
De ser aprobada por el Congreso, la iniciativa incorporará una figura penal específica para perseguir el reclutamiento de mercenarios y la conformación de estructuras armadas privadas, un fenómeno que cobró mayor visibilidad en el país a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania y de las investigaciones judiciales abiertas por el envío de argentinos al frente de combate.
