A dos años del derrumbe en Caballito, la espera no termina
NewsITe
A dos años del derrumbe fatal en un edificio de Caballito, sobre la avenida Pedro Goyena al 500, las 14 familias afectadas siguen sin poder regresar a sus hogares. Reclaman que las obras avanzan sin plazos claros y cuestionan la falta de una solución integral por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El colapso se produjo en febrero de 2024 en una propiedad horizontal lindera a una obra en construcción, y causó la muerte de Nélida y Ramón Acuña, dos adultos mayores que vivían en el edificio. Desde entonces, los vecinos atraviesan una situación de incertidumbre habitacional, económica y emocional.
Ingrid Vadalá, una de las damnificadas, recordó en diálogo con la prensa que “se cumplen dos años de una tragedia que se podría haber evitado” y remarcó que la mayoría de los propietarios continúa desplazada: “Todavía estamos sin poder volver a nuestras casas”. Según explicó, el 80% de sus pertenencias sigue en el interior de las viviendas, a las que solo pudieron acceder en un primer momento para retirar lo estrictamente indispensable.
El paso del tiempo también agrava el deterioro edilicio. Las unidades permanecen deshabitadas desde el derrumbe y, de acuerdo con el testimonio de Vadalá, las filtraciones, la humedad y la falta de mantenimiento cotidiano amenazan con volver irrecuperables partes de las propiedades.
Obras sin plazos claros y vecinos divididos
En 2025, el Gobierno porteño retomó el diálogo con los consorcistas y ofreció actuar como intermediario con la constructora responsable de la obra lindera. El esquema propuesto contemplaba la reconstrucción del pasillo, la medianera y las cañerías de agua, gas y cloacas, además de la posibilidad de ingresar al predio clausurado.
Sin embargo, el acuerdo terminó generando una fractura entre los vecinos. Mientras algunos firmaron el consentimiento para que la empresa entrara a trabajar, otros, como Vadalá, se negaron por desconfianza y falta de precisiones. Finalmente, por mayoría, en mayo de 2025 se rubricó la autorización en una sede del Ejecutivo porteño, con representantes de la constructora presentes.
Desde entonces, se observan movimientos de obra, camiones y un contenedor en el lugar, pero los damnificados afirman que el foco no estuvo puesto en la reparación de los daños que sufrieron sus viviendas. Informes técnicos que la Ciudad envía de manera mensual —aunque a veces deben ser requeridos por los vecinos— describen avances parciales, pero sin especificar tiempos de finalización ni fechas estimadas para el regreso a los departamentos.
Reclamo por servicios básicos y transparencia
El último reporte, recibido a fines de enero, encendió nuevas alarmas entre las familias. Según relató Vadalá, gran parte de los trabajos se concentró en el sector donde se levantaría el edificio nuevo: se hormigonó, se llenó el pozo y se avanzó incluso con dos cajas de ascensores, una prioridad que los damnificados no comparten.
- La medianera, los pasillos y las instalaciones internas de los consorcios afectados siguen sin reconstrucción.
- Persisten dudas sobre los plazos concretos para habilitar el acceso a las viviendas.
- No hay certezas sobre la reconexión de servicios esenciales: luz, gas, agua y cloacas.
La vecina remarcó que el permiso firmado por el consorcio no autorizaba la continuidad de la obra nueva, sino el ingreso de la constructora para reparar los daños causados. Además, cuestionó una cláusula clave del acuerdo: una vez terminadas las tareas de reconstrucción, cada propietario debería gestionar por su cuenta la habilitación de los servicios, un punto que considera inaceptable.
“Que me devuelvan un lugar con pasillo y medianera, pero sin luz, gas ni agua, significa que igual no voy a poder vivir ahí”, advirtió Vadalá, que se define hoy como “preocupada y angustiada” por la falta de respuestas concretas.
Los vecinos piden que el caso vuelva a tomar estado público y que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires brinden un cronograma preciso y verificable de obras, con prioridad en la seguridad, la habitabilidad y la restitución plena de derechos para las familias que hace dos años esperan volver a sus hogares.
