ARCA reglamenta el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con las Secretarías de Energía y de Agricultura, Ganadería y Pesca, oficializó los requisitos y pautas operativas para la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La medida quedó plasmada en la Resolución General Conjunta 5849/2026, publicada en el Boletín Oficial, y complementa el Decreto 242/2026, que había dado el primer paso reglamentario un mes atrás.
El RIMI, creado por la Ley 27.802, apunta a fomentar inversiones de mediano porte, tanto de capital nacional como extranjero, con el propósito de potenciar cadenas de valor estratégicas, mejorar la competitividad de diversos sectores productivos, impulsar la generación de empleo formal y fortalecer el perfil exportador del país. En un contexto de necesidad de divisas y de reactivación económica, el Gobierno apuesta a que este esquema se transforme en una herramienta relevante para canalizar proyectos productivos.
La normativa establece que las inversiones deberán ejecutarse en un plazo determinado y, en la mayoría de los casos, cumplir con un monto mínimo para acceder a los beneficios. Sin embargo, se contemplan excepciones para ciertos rubros considerados clave por su impacto en la productividad y la sustentabilidad, tales como sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes, todos ellos orientados a mejorar la infraestructura y reducir riesgos en la producción.
Beneficios fiscales y sectores alcanzados
Entre los principales incentivos que ofrece el RIMI se destaca la posibilidad de aplicar la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias para las inversiones en bienes muebles amortizables y obras de infraestructura productiva. A esto se suma la devolución anticipada de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que mejora el flujo de fondos de las empresas que encaran nuevos proyectos.
- Amortización acelerada en el impuesto a las ganancias.
- Devolución de créditos fiscales de IVA para bienes y obras productivas.
- Excepciones al monto mínimo de inversión para rubros estratégicos.
- Enfoque en cadenas de valor, empleo y exportaciones.
Si bien el régimen está diseñado para proyectos de mediano porte, las excepciones previstas buscan no dejar afuera inversiones de menor escala que resulten determinantes para mejorar la eficiencia energética, el uso del agua o la protección de cultivos, todas variables clave para la competitividad del sector agroindustrial argentino.
Quiénes pueden acceder y cómo será la implementación
Podrán ser beneficiarios del RIMI los sujetos que califiquen como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MiPyME) hasta la categoría Mediana Empresa Tramo 2, inclusive. Para ello deberán contar con el “Certificado MiPyME” vigente al inicio del ejercicio fiscal en el que se realice la primera inversión y estar correctamente caracterizados como tales en el “Sistema Registral” de ARCA.
En el caso de entidades sin fines de lucro —como asociaciones civiles, fundaciones o mutuales— que no posean el certificado, la resolución prevé que deberán gestionar una calificación específica ante la Secretaría de Industria y Comercio, a fin de ser registradas en el sistema de ARCA y poder solicitar los beneficios. De esta manera, el régimen también abre la puerta a proyectos productivos y de agregado de valor impulsados por organizaciones de la economía social.
La administración y el seguimiento de las inversiones se realizará de manera digital a través del “Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)”, un servicio web que pondrá en marcha ARCA para registrar proyectos, seleccionar beneficios y efectuar los controles correspondientes. El organismo fiscal verificará que los solicitantes no registren deudas líquidas y exigibles al momento de pedir los incentivos, mientras que las Secretarías de Energía y de Agricultura tendrán la facultad de auditar los planes de inversión sobre el terreno.
La normativa advierte que el incumplimiento de las condiciones fijadas puede derivar en la caducidad de los beneficios y en la obligación de restituir los créditos fiscales e impuestos no ingresados, con los intereses y multas que correspondan.
Con la reglamentación del RIMI, el Gobierno busca consolidar un marco de previsibilidad para las empresas que evalúan nuevas inversiones productivas, en un escenario donde el dinamismo del sector privado resulta clave para la recuperación económica y la creación de empleo genuino.
