La Fuerza Aérea bajo la lupa por compras con presunto sobreprecio

Investigan presuntas irregularidades en la compra de aviones.

Una investigación periodística puso en el centro de la escena a la Fuerza Aérea Argentina por presuntas irregularidades en la compra de aeronaves durante los últimos años, con especial foco en la adquisición de un Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. La operación, valuada en más de 4 millones de dólares, es cuestionada por presunto direccionamiento, sobreprecios y falta de controles adecuados.

De acuerdo con información difundida por Clarín, la licitación para incorporar una aeronave de transporte mediano se inició en mayo de 2025 y fue adjudicada en menos de dos meses, un plazo que especialistas del sector califican como inusualmente breve para este tipo de procesos de contratación estatal.

Entre las observaciones más fuertes se señala que el requerimiento técnico que dio origen a la compra fue impulsado por un ingeniero que no tendría responsabilidades operativas directas en el área de transporte aéreo. Además, los pliegos habrían sido redactados con especificaciones tan particulares que, en los hechos, solo habilitaban a unos pocos modelos a competir, lo que reduce la amplitud y transparencia de la licitación.

Las fuentes consultadas indican que esas condiciones terminaron favoreciendo a la firma Regional One Inc., que finalmente resultó adjudicataria. No obstante, otra empresa habría presentado una oferta por una aeronave similar a un precio menor, sin que se conociera un estudio de mercado sólido que justificara la elección y el monto pagado por el Estado argentino.

Sobreprecios, deficiencias técnicas y falta de controles

Las sospechas no se limitan al precio. Un informe técnico posterior habría detectado múltiples deficiencias en el avión adquirido, entre ellas signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento considerado esencial para la operación segura y eficiente de la aeronave. Estos hallazgos refuerzan las dudas sobre el proceso de evaluación previa a la compra.

Otro punto controvertido es que el avión ya se encontraba pintado con los colores y distintivos de la Fuerza Aérea Argentina antes de que la compra se formalizara. De acuerdo con la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, es decir, mucho antes de que se iniciara la licitación formal en 2025, lo que alimenta la hipótesis de que el resultado estaba definido de antemano.

  • Proceso licitatorio resuelto en un plazo inusual de menos de dos meses.
  • Pliegos técnicos cuestionados por favorecer a un proveedor específico.
  • Precio final superior al de otras ofertas similares disponibles en el mercado.
  • Deficiencias técnicas y faltantes de equipamiento detectados tras la compra.
  • Uso de cuentas “escrow” que complica la trazabilidad de los pagos.

También se cuestiona el uso de cuentas de tipo “escrow” para canalizar los desembolsos. Si bien se trata de un mecanismo legal y habitual en operaciones internacionales, especialistas en transparencia advierten que, sin protocolos claros de control y rendición de cuentas, este esquema puede volver más opaca la trazabilidad de los fondos públicos involucrados.

Un esquema que se repetiría en otras compras de la Fuerza Aérea

Las denuncias no se agotan en el caso del Embraer ERJ-140LR. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, un patrón similar de presuntas irregularidades se habría replicado en otras adquisiciones realizadas desde 2021, incluyendo la compra de aeronaves Boeing, Saab y otros modelos de Embraer.

En todos estos casos se señalan posibles sobreprecios, procesos licitatorios poco competitivos y falencias en la justificación técnica y económica de las decisiones. Los cuestionamientos alcanzan tanto a sectores de la estructura militar como a áreas administrativas ligadas a la contratación de material aéreo, lo que abre la puerta a eventuales investigaciones internas y judiciales.

Por el momento, no se descarta que los organismos de control y la Justicia avancen con pedidos de informes y nuevas pericias técnicas. El caso vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de licitación, auditoría y seguimiento de grandes compras del Estado, especialmente en un área tan sensible como la defensa nacional.

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