El proyecto, presentado por un senador rionegrino, busca castigar con hasta 10 años de prisión la tala ilegal en bosques nativos
Un proyecto de ley que comenzó a circular en el Senado impulsa la creación de un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo, con el objetivo de frenar la pérdida acelerada de ecosistemas en todo el país. La propuesta, encabezada por el senador rionegrino Martín Soria, plantea penas de entre 3 y 10 años de prisión para los casos más graves de tala, desmonte y degradación de bosques nativos.
La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el avance de la frontera agropecuaria, los incendios forestales y las prácticas extractivas que impactan sobre áreas protegidas y territorios de alto valor ambiental. Según datos citados en el propio proyecto, en la última década Argentina perdió cerca de 2,1 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que equivale a millones de árboles y a la desaparición de hábitats esenciales para la biodiversidad.
El texto legislativo señala que el esquema actual de sanciones se basa principalmente en multas económicas, que en muchos casos resultan insuficientes para disuadir a quienes cometen estos delitos. “Aplicadas las multas de rigor, los responsables las pagan y la tala ilegal continúa”, advierte el proyecto, subrayando la necesidad de incorporar castigos penales efectivos para frenar la destrucción de bosques.
Penas más severas y alcance a funcionarios públicos
El proyecto no solo apunta a quienes realizan materialmente los desmontes, sino también a los funcionarios públicos que intervienen o habilitan estas prácticas de manera irregular. Para estos casos se prevén penas agravadas, que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos, con el fin de atacar posibles redes de complicidad y corrupción vinculadas al negocio del desmonte.
Además, la iniciativa contempla agravantes cuando las acciones se realizan con fines económicos, cuando generan riesgo para la vida humana o provocan un impacto grave sobre la salud pública. También se prevé un aumento de las penas si el daño ambiental deriva en consecuencias como la erosión del suelo, la pérdida de capacidad productiva de la tierra o la alteración del régimen hídrico, factores que a largo plazo afectan a comunidades rurales y urbanas.
Incendios en la Patagonia como antecedente clave
El proyecto toma como referencia el impacto de los recientes incendios forestales en la Patagonia. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se quemaron más de 32.000 hectáreas en la región, incluyendo áreas protegidas y parques nacionales. Este escenario es definido en el texto como un “antecedente ineludible” que deja en evidencia el incremento de los daños ambientales y la urgencia de respuestas más contundentes desde el Estado.
- Más de 2,1 millones de hectáreas de bosques nativos perdidas en diez años.
- Hasta 10 años de prisión para los responsables de los casos más graves.
- Agravantes por fines de lucro, riesgo para la vida humana y daño a la salud pública.
- Sanciones penales para funcionarios que habiliten desmontes irregulares.
“Sin un marco penal específico, las multas se convierten en un costo más del negocio y la tala ilegal continúa”, señalan los fundamentos del proyecto.
De avanzar en el Congreso, el Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo se sumaría a la normativa vigente, como la Ley de Bosques, pero con el foco puesto en la responsabilidad penal de quienes impulsan, financian o permiten el desmonte ilegal. La discusión legislativa, que comenzará en comisiones del Senado, será clave para definir el alcance de las nuevas figuras delictivas y el rol del Estado en la protección de uno de los recursos ambientales más valiosos del país.
