Renuncia en el organismo que regula servicios esenciales en Tucumán
NewsITe
El gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, afronta una fuerte crisis institucional en el organismo que controla la luz y el agua de la provincia. José Ricardo Ascárate presentó su renuncia a la intervención del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), en medio de una dura interna con acusaciones cruzadas por presuntos delitos contra la administración pública y abuso de facultades.
La salida de Ascárate se confirmó luego de que la propia Casa de Gobierno informara que será reemplazado por Eduardo “Lalo” Cobos. El cambio se produce tras semanas de tensión interna con la subinterventora administrativa y financiera, Ingrid Lausberg, quien objetó formalmente decisiones del ahora exfuncionario y advirtió sobre una posible “incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública”.
El conflicto quedó plasmado en el expediente 4217/390-L-2026, iniciado el 22 de julio. El detonante fue una nota interna mediante la cual la intervención requirió a Recursos Humanos un informe, con plazo de 24 horas, sobre la situación de revista de trece agentes del organismo. Lausberg sostuvo que ese trámite se realizó por fuera de las competencias que le habían sido asignadas por un decreto de necesidad y urgencia provincial, luego ratificado por la Legislatura.
Acusaciones internas y dudas sobre el reparto de poder
Ascárate rechazó por escrito la intimación al día siguiente y defendió la legalidad de sus actos. Señaló que otras normas le otorgaban las mismas facultades que tenía el antiguo directorio del ERSEPT y negó que el pedido de información constituyera un hecho ilícito. También exigió que la nota interna fuera respondida de manera formal, lo que profundizó el choque entre las dos máximas autoridades del ente regulador.
Esas imputaciones, sin embargo, se mantienen en el terreno administrativo: no se conocen hasta el momento una denuncia penal, una imputación fiscal ni una condena contra Ascárate. Tampoco fue difundida una resolución que determine que incurrió en usurpación de funciones, abuso de autoridad u otro delito. Aun así, el episodio expuso el nivel de deterioro institucional en un organismo clave para el control de tarifas, calidad y accesibilidad de servicios esenciales.
En paralelo, el malestar alcanzó al personal del ERSEPT. La asociación sindical del organismo denunció hostigamiento laboral, presunta discriminación en el pago de adicionales, contratos que no se renovaron y demoras en el cobro de un beneficio por fallecimiento para la familia de un trabajador. El gremio llegó a realizar un paro y declaró el estado de alerta y movilización, señalando que la disputa de poder afectaba directamente las condiciones laborales.
La creación del nuevo cargo y el impacto político para Jaldo
La crisis tiene también un costado político. El cargo ocupado por Ingrid Lausberg había sido creado apenas tres meses atrás por el propio Jaldo y luego ratificado por la Legislatura de mayoría oficialista, pese a las advertencias de la oposición sobre posibles superposiciones de funciones. La convivencia entre la intervención general y la subintervención administrativa, diseñada por el Ejecutivo, terminó derivando en la renuncia del titular del ente.
Lausberg intentó bajar el tono de la confrontación a fines de julio, al remarcar que no existían diferencias personales y que su objetivo era fortalecer la transparencia y la unidad de acción dentro del ERSEPT. Sin embargo, cuatro días después de esas declaraciones, Ascárate dejó el cargo, confirmando que las diferencias excedían una mera discusión de estilos y se vinculaban con el reparto real de poder dentro del organismo.
La designación de Cobos como nuevo interventor permite cubrir la vacante, pero no despeja los interrogantes sobre el futuro del ente ni sobre las actuaciones administrativas ya iniciadas. El gobierno tucumano deberá precisar por escrito quién tendrá la última palabra sobre los recursos humanos, los expedientes y el patrimonio del organismo, para evitar que se repita una disputa similar.
El desenlace del expediente 4217/390-L-2026 será clave para saber si se trató sólo de una puja interna por espacios de influencia o si se detectaron irregularidades de fondo que la renuncia de Ascárate no alcanza a cerrar.
En un contexto de aumentos tarifarios y malestar social por el costo de los servicios, la estabilidad y la transparencia del ente regulador adquieren una importancia central. La forma en que el Ejecutivo provincial resuelva esta crisis interna será observada de cerca tanto por los usuarios como por los sectores políticos y sindicales de Tucumán.
