Karina Milei acordó con gobernadores nuevo esquema para obras viales
NewsITe
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este lunes en Casa Rosada una reunión con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, en la que el Gobierno nacional anunció un cambio de estrategia para la ejecución de obras de infraestructura vial: se avanzará con un decreto que permitirá a algunas provincias impulsar inversiones privadas para la realización de trabajos en tramos de rutas nacionales.
Del encuentro también participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En la reunión no estuvo presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en los últimos días quedó en el centro de denuncias por supuestas irregularidades, aunque el Gobierno evita vincular su ausencia con esa situación.
Según un comunicado al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, los funcionarios nacionales y los mandatarios provinciales repasaron la agenda común entre Nación y provincias y definieron como punto central el próximo decreto que habilitará mecanismos para que el sector privado financie y ejecute obras en corredores viales que hoy dependen de la órbita nacional, pero se encuentran dentro de los límites provinciales.
Decreto para atraer inversiones privadas a la obra vial
El esquema busca destrabar trabajos de infraestructura que permanecen paralizados desde el inicio de la actual gestión, cuando el Gobierno decidió frenar la obra pública argumentando falta de recursos y fuertes sospechas de corrupción en el sistema heredado de la etapa kirchnerista. Con esta nueva herramienta legal, la Casa Rosada apuesta a que las provincias con mayor capacidad de gestión y atractivo para los inversores puedan avanzar con proyectos específicos, especialmente en rutas estratégicas para la producción y el transporte.
De acuerdo con lo informado oficialmente, Frigerio y Cornejo ratificaron durante el encuentro su apoyo al rumbo económico y político del Ejecutivo nacional y destacaron el trabajo conjunto que vienen desarrollando con la administración de Javier Milei. Ambas provincias habían manifestado en distintas oportunidades la necesidad de reactivar obras viales clave para la conectividad regional y la seguridad en las rutas.
- El decreto permitirá que provincias gestionen inversiones privadas para rutas nacionales dentro de su territorio.
- La medida se enmarca en la decisión del Gobierno de no financiar nueva obra pública con fondos del Tesoro.
- Entre Ríos y Mendoza se posicionan como distritos piloto para este esquema de colaboración público-privada.
Reclamos por obras y contexto político
El anuncio se produce en medio de un creciente reclamo de gobernadores e intendentes por la paralización de la obra pública en todo el país. La semana pasada, jefes comunales peronistas de la provincia de Buenos Aires, con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, marcharon para exigir la reactivación de proyectos de infraestructura considerados esenciales para sus distritos.
En ese contexto de tensión política y ajuste del gasto, la apuesta del Gobierno nacional por habilitar la participación privada en rutas nacionales aparece como una salida intermedia: se mantiene la decisión de no financiar directamente nuevas obras con recursos del Estado, pero se concede a ciertas provincias la posibilidad de negociar con empresas interesadas en desarrollar corredores viales mediante distintos modelos de inversión.
“Los gobernadores ratificaron el rumbo del Gobierno y el acompañamiento de dichas provincias, además de destacar el trabajo conjunto que ambos llevan adelante con el Gobierno Nacional”, señala el comunicado difundido tras la reunión.
Resta conocer el texto definitivo del decreto y el alcance concreto del régimen que se pondrá en marcha. Gobernaciones, intendencias y empresas del sector de la construcción siguen de cerca la medida, ya que su implementación podría marcar el inicio de una nueva etapa para la infraestructura vial en el país, con mayor peso del capital privado y un rol más activo de las provincias en la gestión de rutas nacionales.
