La Justicia ordenó reincorporar a un dirigente municipal en Florencio Varela

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La gestión municipal de Florencio Varela que encabeza Andrés Watson recibió un revés judicial en un conflicto de alto impacto gremial y económico. El Tribunal del Trabajo N° 1 de ese distrito bonaerense ordenó la reincorporación de Osvaldo Roberto Martínez, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Florencio Varela (SEMFV), y dispuso que se le abonen los salarios caídos, con sus actualizaciones, intereses y costas.
De acuerdo con la información difundida por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), que acompañó la demanda, la sentencia declaró ineficaz la cesantía del dirigente y la consideró una medida discriminatoria vinculada con su actividad gremial. Si bien el fallo no fija aún un monto definitivo, la organización calculó que el costo para el Municipio podría superar los $50 millones, en función del tiempo en que Martínez permaneció apartado de su puesto de trabajo y de las cargas económicas derivadas del litigio.
El caso se inscribe en una disputa más amplia por el reconocimiento de la representación sindical en el distrito. El SEMFV resolvió desde su asamblea fundacional adherir a FeSiMuBo, y el pronunciamiento conocido el 12 de noviembre fue leído por la federación como una ratificación de su legitimidad para actuar en defensa de los trabajadores municipales de Florencio Varela.
Un fallo con recorrido en la Justicia bonaerense
El expediente tuvo un derrotero extenso en los tribunales laborales provinciales. En una primera instancia, el amparo sindical promovido en favor de Martínez había sido rechazado. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires intervino luego y ordenó renovar la integración del Tribunal del Trabajo N° 1 para que volviera a analizar el planteo, lo que finalmente derivó en la decisión favorable al trabajador.
Según reconstruyó FeSiMuBo, el fallo fue adoptado por mayoría, con un voto en disidencia. La federación, conducida por Hernán Doval, interpreta la cesantía como parte de una persecución hacia la organización gremial y destaca que la sentencia obliga al Ejecutivo local a revertir aquella decisión política, reincorporar al dirigente a su puesto y afrontar el pago de los salarios adeudados.
Impacto económico y señal para los municipios
Si bien el cálculo de más de $50 millones surge de una estimación sindical y no de una liquidación firme del tribunal, en la federación señalan que el monto final podría resultar significativo para las cuentas municipales. A la remuneración que Martínez dejó de percibir durante el tiempo que estuvo fuera de la planta se le agregarían actualizaciones, intereses y los honorarios profesionales, lo que incrementa el pasivo potencial de la comuna.
En el plano político y gremial, el fallo es leído como un mensaje hacia otras administraciones locales respecto de los límites legales frente a la actividad sindical protegida. Para FeSiMuBo, el pronunciamiento consolida la doctrina que considera nula la cesantía de representantes gremiales cuando se demuestra un carácter discriminatorio.
- Reincorporación obligatoria del secretario general del SEMFV.
- Pago de salarios caídos, actualizaciones, intereses y costas judiciales.
- Reconocimiento de la representación de FeSiMuBo en Florencio Varela.
- Estimación gremial de un costo superior a los $50 millones para el Municipio.
“La sentencia demuestra que no se puede avanzar contra la organización sindical sin consecuencias legales”, sostienen en la federación que conduce Hernán Doval.
El Municipio de Florencio Varela no difundió, al cierre de esta edición, una respuesta oficial al fallo. En los próximos días se espera que la comuna defina si cumple de inmediato con la orden judicial o si promueve nuevas presentaciones, en un expediente que volvió a poner bajo la lupa la relación entre los gobiernos locales y los gremios municipales.

