Diputados posterga la definición sobre el caso Cisneros
La Cámara de Diputados de la Nación aún no avanzó con el pedido de desafuero del legislador tucumano Carlos Cisneros, dirigente del Partido Justicialista y secretario de Administración de la Asociación Bancaria, pese a las graves denuncias en su contra por trata de personas y asociación ilícita. El requerimiento fue elevado por la Justicia federal de Tucumán, pero todavía no obtuvo tratamiento político.
El juez federal Guillermo Díaz Martínez, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, remitió una notificación formal a la Cámara baja en la que detalló la situación procesal de Cisneros y reclamó que se analice el desafuero para poder avanzar sin obstáculos en la investigación. El planteo se inscribe en una causa compleja, derivada de un expediente por presunto abuso sexual que tuvo fuerte repercusión pública.
En paralelo, el bloque de La Libertad Avanza, a través de la diputada Lilia Lemoine, presentó un proyecto para que el pedido de desafuero sea tratado con celeridad en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Desde ese espacio opositor sostienen que el Poder Legislativo no puede convertirse en refugio de imputados por delitos graves y reclaman una pronta definición institucional.
Las denuncias contra Cisneros se originaron a partir del caso de presunto abuso sexual ocurrido en 2024 en la provincia de Tucumán, en el que estuvieron involucrados cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield. En ese marco, uno de los futbolistas, el paraguayo José Florentín, señaló al diputado como parte de una presunta estructura vinculada a una red de trata de personas, lo que dio lugar a una nueva línea de investigación.
Cisneros fue citado a declaración indagatoria a mediados de marzo por la Justicia federal tucumana. En su presentación, negó todas las acusaciones, afirmó tener la “conciencia tranquila” y atribuyó la avanzada judicial a una supuesta “persecución política y judicial” en su provincia, luego de haber denunciado irregularidades en el Ministerio Público Fiscal local y de mantener un abierto enfrentamiento con el gobernador Osvaldo Jaldo.
Investigación sobre el entorno y apoyo sindical
La pesquisa judicial no solo se centra en el legislador. La fiscalía también puso la lupa sobre personas de su entorno cercano, entre ellas la abogada Patricia Neme —quien representó inicialmente a la mujer que denunció el abuso por parte de los jugadores de Vélez— y el colaborador político de Cisneros, Federico Petraglia. Ambos son analizados en el marco de la presunta red de trata y de eventuales maniobras de encubrimiento.
Además, los investigadores indagan sobre la adquisición de propiedades de alto valor en Tafí del Valle por parte de personas vinculadas al círculo del diputado. Esas operaciones inmobiliarias llamaron la atención por sus montos y por la capacidad económica de los involucrados, aunque el eje central de la causa sigue siendo la presunta red de trata de personas y su posible conexión con otras estructuras delictivas.
Pese al avance de la causa, Cisneros continúa ejerciendo activamente su banca en Diputados. Incluso, en diciembre pasado encabezó junto a la Asociación Civil Red de Defensa de Usuarios y Consumidores (REDECU) una acción de amparo que derivó en un fallo favorable para jubilados, ordenando al PAMI restituir la cobertura del 100% en medicamentos, lo que le permitió sostener su perfil de dirigente sindical y legislador enfocado en temas previsionales.
En el plano gremial, la Asociación Bancaria expresó un fuerte respaldo al diputado. En un comunicado difundido el 13 de marzo, la conducción del sindicato, liderada por Sergio Palazzo, afirmó que las acusaciones contra Cisneros son “parte de un ataque a la organización” y reivindicó su trayectoria dentro del gremio y de la política.
“Manifestamos nuestro total respaldo y solidaridad con el compañero Carlos Cisneros, quien está sufriendo un injustificado y falaz ataque. A lo largo de su trayectoria sindical y política, ha defendido siempre los derechos de las y los trabajadores”, señaló el documento difundido por La Bancaria.
Mientras la Justicia profundiza la investigación y la Cámara baja mantiene en suspenso el pedido de desafuero, el caso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de los fueros parlamentarios y el equilibrio entre la representación política y la obligación de rendir cuentas ante los tribunales en causas de alta sensibilidad social como la trata de personas.
