Caso Libra: nuevos documentos agravan el frente judicial
NewsITe
La causa por la presunta criptoestafa Libra sumó en los últimos días nuevas pruebas documentales que vuelven a colocar al presidente Javier Milei en el centro de la polémica. Peritajes realizados sobre el teléfono del promotor cripto Mauricio Novelli revelaron contratos, facturas y registros de transferencias millonarias vinculadas al lanzamiento del token, que fue impulsado públicamente por el propio jefe de Estado.
El material, recuperado por especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) por orden del fiscal federal Eduardo Taiano, fue detectado y sistematizado por la periodista y abogada Natalia Volosin. Según surge de esa reconstrucción, se habría firmado un acuerdo confidencial entre el empresario estadounidense Hayden Davis y Milei apenas dos semanas antes de que la criptomoneda saliera al mercado.
Entre los documentos figura una carta de intención fechada el 30 de enero de 2025, día en que Milei recibió a Davis en la Casa Rosada. Registros financieros indican que, en la misma franja horaria del encuentro, Davis transfirió USD 499.999 a una billetera virtual y, minutos después, giró montos similares. En total, ese día habría movido alrededor de USD 3,9 millones que terminaron en cuentas asociadas a Novelli y a su socio Manuel Terrones Godoy.
En el celular de Novelli también se halló una factura por 250 mil dólares emitida por su hermana, Pía Novelli, dirigida a Davis. La mujer aparece además vinculada al vaciamiento de cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia diez días antes del lanzamiento de Libra. Para los investigadores, esa secuencia temporal y financiera alimenta la hipótesis de una operatoria montada para aprovechar el efecto de la difusión presidencial.
Contratos, lobby y acusaciones cruzadas
Otra de las piezas claves del expediente es un contrato entre una empresa de Davis y el fundador de Cardano, Charles Hoskinson. Allí se estipularía el pago inicial de USD 300.000 y luego cuotas mensuales de USD 250.000 a cambio de garantizarle al ejecutivo cripto una reunión privada con Milei. Hoskinson ya había denunciado públicamente presiones de Novelli y Terrones Godoy para desembolsar sumas de cinco cifras a cambio de ese acceso.
Según el material reconstruido, también aparece una propuesta de acuerdo de lobby de Davis a Novelli por USD 1.150.000, fechada el 21 de noviembre de 2024. Entre las ideas, se menciona el desarrollo de una “Moneda de Libertad”, en línea con el discurso de la actual administración. Para la Coalición Cívica, todo este andamiaje configura un esquema de tráfico de influencias en torno al uso de la figura presidencial para potenciar negocios cripto.
Reclamo de avance judicial y rol de la comisión investigadora
- El diputado Maximiliano Ferraro exigió que la Justicia “ya no mire para otro lado” ante las nuevas evidencias difundidas.
- Planteó que se busque de forma activa el contrato presuntamente firmado y se cite a indagatoria a todos los involucrados, incluidos funcionarios públicos.
“Con esta evidencia sobre la mesa, sumada al informe final de la comisión investigadora y a otras investigaciones, el fiscal y el juez ya no tienen excusas para mirar para otro lado”, sostuvo Ferraro en su cuenta de X.
La comisión investigadora en el Congreso, cuya conformación y funcionamiento el oficialismo intentó frenar en varias instancias, viene recogiendo testimonios y documentación sobre la trama Libra. El foco está puesto en el tuit que Milei publicó en la madrugada del 14 de febrero, promocionando el “Viva la Libertad Project” como un gran instrumento para financiar pymes, algo que potenció una ola de compras del token.
La hipótesis central es que, con esa maniobra, se habría inflado artificialmente el precio de la criptomoneda para que un reducido grupo de inversores con información privilegiada realizara la clásica secuencia de “pump and dump” y “rug pull”: subir el valor en pocas horas y luego retirarse masivamente, dejando a miles de usuarios con pérdidas millonarias. Milei negó conocer los detalles del proyecto y aseguró que solo difundió información pública, aunque nunca aclaró cómo obtuvo el enlace directo al contrato.
La investigación, que también alcanza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei —acusada de facilitar encuentros con empresarios cripto en Casa Rosada y Olivos—, se concentra en reconstruir la ruta del dinero y el rol de los intermediarios locales. Mientras la Justicia evalúa los nuevos elementos, desde la oposición insisten en que el caso trasciende el universo de las criptomonedas y se transforma en un test crucial sobre los límites éticos y legales del poder político frente a los negocios financieros de alto riesgo.
