Claves del nuevo régimen y su impacto en los contribuyentes
NewsITe
El Gobierno nacional puso en marcha la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas económicas más relevantes de la gestión de Javier Milei, que apunta a fomentar la exteriorización de dólares no declarados y a redefinir la relación entre el fisco y los contribuyentes. La reglamentación publicada este lunes habilita formalmente el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, con un esquema de control menos intrusivo sobre el patrimonio y el consumo.
La norma introduce cambios profundos en el Régimen Penal Tributario y en el Código Civil y Comercial, con el objetivo de ofrecer mayor previsibilidad a quienes regularicen su situación fiscal y, al mismo tiempo, elevar significativamente los umbrales a partir de los cuales una infracción pasa a ser delito penal. En el centro de la estrategia oficial aparece el incentivo a blanquear activos, en especial los dólares “del colchón” o del circuito informal.
Régimen simplificado de Ganancias y blindaje patrimonial
El aspecto más novedoso de la ley es la creación del Régimen simplificado de Ganancias, destinado a contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones. Quienes se adhieran a este esquema contarán con un verdadero blindaje patrimonial: no podrán ser objeto de fiscalizaciones sobre variaciones de su patrimonio ni sobre sus consumos, siempre que cumplan con las obligaciones formales de facturación.
En este nuevo marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) calculará el Impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos facturados. El crecimiento de los bienes personales o el nivel de gastos ya no serán utilizados como base para presunciones de evasión, lo que reduce notoriamente el margen de discrecionalidad en las inspecciones fiscales.
Efecto liberatorio y seguridad jurídica
Otro de los puntos centrales es el denominado efecto liberatorio. De acuerdo con el artículo 39 de la ley, el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de reclamos posteriores vinculados a esos períodos fiscales, salvo que el organismo pueda demostrar que existió omisión de ingresos facturados. En la práctica, esto otorga un marco de mayor seguridad jurídica para quienes acepten el esquema simplificado.
El Gobierno confía en que este diseño facilitará la decisión de exteriorizar activos no declarados, al ofrecer una suerte de “punto final” a las controversias tributarias derivadas de esos fondos, siempre que el contribuyente se mantenga dentro del nuevo régimen y cumpla con los plazos previstos.
Nuevos montos de punibilidad y plazos de prescripción
La Ley de Inocencia Fiscal también redefine los parámetros penales para los casos de evasión. Los pisos de punibilidad se actualizan de manera drástica: la evasión simple eleva su umbral de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que la evasión agravada pasa de $15.000.000 a $1.000.000.000. Esta modificación concentra la persecución penal en conductas de mayor envergadura económica.
En paralelo, la prescripción de los delitos tributarios se reduce de cinco a tres años. Con este cambio, el Ejecutivo busca evitar causas penales prolongadas y promover una resolución más rápida de los conflictos con el fisco, ya sea por vía administrativa o a través de los mecanismos de regularización previstos.
Regularización de deudas y extinción de la acción penal
La reglamentación establece distintas alternativas para quienes mantienen deudas con ARCA y desean normalizar su situación sin enfrentar consecuencias penales. Entre ellas, se contempla una cancelación única: si el contribuyente paga la totalidad de la deuda más los intereses, el organismo se compromete a no iniciar acciones criminales. Este beneficio sólo podrá utilizarse una vez.
Además, cuando todavía no se haya radicado una denuncia penal, el contribuyente tendrá la opción de extinguir la acción penal abonando la deuda con un recargo adicional del 50%, siempre que lo haga dentro de los 30 días posteriores a la notificación. Como contracara del relajamiento de controles patrimoniales, se prevé un aumento significativo de las multas para quienes presenten sus declaraciones juradas fuera de término.
Objetivo oficial: blanqueo, reservas e inversión
En un contexto de fuerte escasez de divisas, el Gobierno apuesta a que la Ley de Inocencia Fiscal funcione como un canal de blanqueo de capitales, especialmente de dólares atesorados fuera del sistema financiero. El objetivo es fortalecer las reservas, mejorar la capacidad de financiamiento interno y dinamizar la inversión privada.
El mensaje oficial apunta a garantizar que el origen de los fondos exteriorizados no será objeto de persecución fiscal, siempre que los contribuyentes se encuadren en el nuevo régimen, facturen sus operaciones y cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación. Resta ahora observar el nivel de adhesión que tendrá la medida entre los contribuyentes y su verdadero impacto en la recaudación y en la formalización de la economía.
