El oficialismo busca los votos que faltan para la reforma clave
NewsITe
El Gobierno de Javier Milei se prepara para una sesión decisiva en el Senado, donde el oficialismo intentará aprobar el proyecto de modernización laboral, una de las iniciativas insignia de la gestión libertaria. La convocatoria fue realizada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para el miércoles a las 11, en un clima de fuerte tensión política y social.
La Libertad Avanza (LLA) confía en tener asegurada la aprobación en general de la norma y de buena parte de sus artículos, pero aún no logra reunir los votos necesarios para dos puntos centrales: el paquete fiscal —en particular la rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas— y los cambios en el sistema indemnizatorio. Ambos ejes generan resistencia entre gobernadores y bloques aliados.
Marchas y presión en las calles durante la sesión
Mientras se desarrolle el debate, las centrales sindicales y organizaciones de izquierda convocaron a una movilización al Congreso en rechazo a la reforma. A esa protesta se sumará la clásica marcha de jubilados, lo que anticipa una jornada de alta conflictividad y un fuerte despliegue de seguridad en el centro porteño.
Desde el oficialismo insisten en que la reforma busca “modernizar” las relaciones laborales, flexibilizar normas que consideran obsoletas y dar previsibilidad a las empresas. Los críticos, en cambio, sostienen que el proyecto recorta derechos adquiridos, abarata despidos y debilita la negociación colectiva.
Poroteo voto a voto en la Cámara alta
En el conteo fino, LLA cuenta con 20 senadores propios y el apoyo del monobloque del Frente Cívico, diez radicales, tres del PRO, dos representantes de Misiones, una tucumana, una chubutense, una neuquina y un correntino. Con la posible adhesión de una legisladora salteña, el oficialismo podría alcanzar alrededor de 40 votos, número clave para acercarse a la mayoría necesaria.
La conducción del bloque libertario, a cargo de Patricia Bullrich, continuará las negociaciones hasta último momento para evitar cambios de fondo en el texto. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, trata de alinear a los gobernadores dialoguistas, especialmente en lo que refiere al impacto fiscal de la reforma.
La postura del peronismo y bloques aliados
Del otro lado, el interbloque peronista reúne 25 votos en contra del proyecto. De ese total, 21 corresponden al bloque justicialista, dos al Frente Cívico de Santiago del Estero y dos a Convicción Federal. La incógnita pasa por el comportamiento de algunos espacios provinciales que responden a mandatarios que mantienen puentes abiertos con la Casa Rosada.
Entre las bancas bajo la lupa figuran las de Convicción Federal —vinculadas a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)—, además de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano y la cordobesa Alejandra Vigo. Una eventual abstención o acompañamiento parcial podría inclinar la balanza.
Ganancias, el punto más sensible para las provincias
El aspecto que más tensión genera con los mandatarios provinciales es la rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que pasaría del 35% al 31,4%. Según estimaciones oficiales, la medida implicaría una merma cercana a los 2 billones de pesos en la recaudación proyectada para 2027, año electoral, con impacto directo en la coparticipación que reciben las provincias.
Hasta el momento, la mesa política del Gobierno se muestra firme en no modificar la baja de Ganancias ni la eliminación de ciertos impuestos internos, y tampoco ofrece un esquema de compensación para los distritos. Esta rigidez complica los acuerdos y alimenta la tensión entre Nación y gobernadores.
Indemnizaciones y creación de un fondo especial
Otro capítulo central del proyecto es el esquema de indemnizaciones. La iniciativa prevé la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con el 3% de los aportes que hoy los empleadores destinan a la ANSES, y que serviría para cubrir los costos de despidos. La UCR y otros aliados reclaman que ese fondo se limite exclusivamente a pequeñas y medianas empresas, dejando afuera a las grandes compañías.
Existe acuerdo en otros puntos: se fija un tope de un sueldo por año de antigüedad, que no podrá superar tres veces el salario promedio, y se habilita el pago en cuotas: hasta 12 en empresas grandes y hasta 18 en pymes. Además, las indemnizaciones se actualizarán según un índice inflacionario más un 3% anual, en lugar de las tasas fijadas por la justicia laboral.
Ultraactividad y convenios colectivos
El dictamen también introduce cambios en la llamada ultraactividad de los convenios colectivos. El texto establece que las cláusulas normativas —aquellas que fijan condiciones de trabajo— se mantendrán vigentes por un año luego del vencimiento del convenio, pero se eliminarán las obligaciones de aportes solidarios que muchas compañías realizan a cámaras empresariales y sindicatos.
Con este paquete de reformas, el Gobierno busca enviar una señal promercado y mostrar capacidad de construir mayorías en el Congreso. Sin embargo, el resultado de la votación y las eventuales modificaciones que surjan en el recinto definirán hasta dónde llega realmente la llamada modernización laboral que impulsa el oficialismo.
