El Gobierno insiste ante la CIDH por la detención de Sala
NewsITe
El Gobierno nacional reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su pedido para que la dirigente jujeña Milagro Sala, condenada por causas de corrupción, deje el régimen de prisión domiciliaria y cumpla su sentencia en una cárcel común. La presentación fue impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que sostiene que se agotaron las condiciones excepcionales que justificaban el beneficio.
Según informó la dependencia oficial, Sala se encuentra bajo arresto domiciliario desde 2017, tras haber sido condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, delitos que se le atribuyen en el período en que encabezó la organización social Tupac Amaru en Jujuy. Para el actual Gobierno, la continuidad de ese régimen implica un privilegio incompatible con el objetivo de “terminar con la impunidad” de los condenados con sentencia firme.
En un comunicado difundido este lunes, la Subsecretaría de Derechos Humanos afirmó que Milagro Sala violó las condiciones de la prisión domiciliaria al modificar su lugar de residencia sin la autorización del juez a cargo. “Ese cambio activó el sistema de monitoreo y motivó la adopción de nuevas medidas de control”, indicó el texto oficial, que remarcó que la Justicia actuó conforme a la normativa vigente.
El área a cargo de la política de derechos humanos del Poder Ejecutivo cuestionó, además, la interpretación de la defensa de Sala, que habló de “hostigamiento” y persecución judicial. “Busca revertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”, sostiene el documento, en una línea de fuerte confrontación con la ex dirigente social ligada al kirchnerismo.
Posición oficial y debate sobre derechos humanos
En su presentación, el Gobierno remarcó que la República Argentina respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y consideró que la medida dictada por la CIDH en favor de Sala representa “un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”. De esta manera, el Ejecutivo busca dejar asentado que, a su criterio, no existe violación de garantías en el cumplimiento de la condena en un penal común.
El comunicado agrega que “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien”. Con ese argumento, la Subsecretaría de Derechos Humanos se alinea con el discurso del presidente Javier Milei sobre el fin de los beneficios especiales para quienes tienen condenas firmes por delitos de corrupción y otros ilícitos graves.
- El pedido fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- El Gobierno alega violaciones a las condiciones de la prisión domiciliaria.
- Se refuerza la postura oficial de terminar con los privilegios para condenados.
“Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad”, señaló la Subsecretaría de Derechos Humanos en el comunicado oficial.
La situación de Milagro Sala vuelve así al centro del debate público, en un contexto de tensión entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos. Mientras el oficialismo reclama que la dirigente complete su condena en una unidad penitenciaria, sus defensores sostienen que se trata de una detención con motivaciones políticas. La definición de la CIDH será clave para determinar los próximos pasos en una causa que lleva años generando controversias en el país.
