El Gobierno prorrogó la emergencia energética en gas hasta fines de 2027 y busca privatizar la importación de GNL

El Gobierno extiende la emergencia gasífera y redefine el rol del Estado

Buque metanero de GNL operando en terminal argentina

NewsITe

El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional, focalizada en el transporte y la distribución de gas natural, hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 49/2026, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, y apunta a garantizar el abastecimiento durante los próximos inviernos en un contexto de falta de infraestructura suficiente.

De acuerdo con los fundamentos de la norma, las obras de ampliación de los gasoductos que permiten trasladar el gas desde Vaca Muerta hasta los principales centros de consumo del país recién entrarían en operación plena durante el invierno de 2027. Hasta entonces, el sistema seguirá dependiendo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda residencial y asegurar el funcionamiento de las centrales térmicas.

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En términos prácticos, la prórroga de la emergencia le otorga al Poder Ejecutivo márgenes regulatorios y administrativos más amplios para contratar, fijar prioridades de abastecimiento y redefinir el rol de los distintos actores del sector, tanto públicos como privados. El objetivo oficial es reducir el riesgo de cortes de suministro en momentos de alta demanda, sobre todo en los meses de invierno.

Privados al frente de la importación de GNL, con tope de precios

Uno de los puntos más relevantes del DNU es el cambio en el esquema de importación de GNL. El Gobierno decidió avanzar en el retiro del Estado como importador directo —rol que venía cumpliendo Energía Argentina (ENARSA)— para ceder ese lugar a un operador privado seleccionado mediante un concurso competitivo.

La Secretaría de Energía será la encargada de organizar ese proceso y elegir a un comercializador que tendrá la responsabilidad de comprar el GNL en el exterior, coordinar la llegada de los buques y realizar la regasificación utilizando la terminal de Escobar, actualmente la única operativa para este tipo de operaciones.

El Ejecutivo argumenta que la participación estatal directa en los últimos años no logró una solución eficiente y generó erogaciones fiscales significativas. Sin embargo, reconoce que la existencia de una sola terminal configura un “monopolio natural”, lo que podría derivar en abusos de posición dominante.

Para limitar ese riesgo, el decreto fija un esquema de “precios máximos” para la venta del gas importado al mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027. Ese tope se calculará a partir de un marcador internacional de referencia —como los índices de precios del GNL o del gas en los principales hubs— más los costos logísticos asociados al transporte y la regasificación.

Cuellos de botella y dependencia externa: los motivos de la emergencia

En los considerandos, el Gobierno detalla los principales problemas estructurales del sistema gasífero. Por un lado, menciona la existencia de cuellos de botella en la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina, donde se ubica el yacimiento de Vaca Muerta, hacia Buenos Aires y el Litoral. Aunque la producción de gas no convencional creció de manera sostenida en los últimos años, la red de gasoductos no se expandió al mismo ritmo.

  • Falta de capacidad de transporte: los gasoductos que conectan Vaca Muerta con los grandes centros urbanos operan cerca de su límite, especialmente en invierno.
  • Alta dependencia del GNL: sin la llegada de barcos metaneros, la demanda residencial y la generación de energía eléctrica no podrían cubrirse en los días más fríos del año.
  • Riesgo de cortes y restricción industrial: ante picos de consumo, suele priorizarse a los usuarios residenciales, lo que puede derivar en recortes de suministro a industrias y estaciones de GNC.

El DNU también prevé un “plan B” en caso de que fracase la licitación o no se presenten oferentes en condiciones de asumir la importación de GNL. En ese escenario, ENARSA volverá a quedar a cargo de garantizar el suministro, retomando su rol como comprador y operador central de las importaciones.

La prórroga de la emergencia se inscribe en una etapa de transición: el Ejecutivo apuesta a sostener el abastecimiento con GNL importado mientras se completan las obras de infraestructura que permitan aprovechar plenamente el gas de Vaca Muerta.

Con este esquema, el Gobierno busca atravesar los próximos dos inviernos con mayor previsibilidad en materia de abastecimiento, reducir el riesgo de crisis energéticas y, al mismo tiempo, avanzar en una reconfiguración del rol del Estado y del sector privado en el negocio del gas.

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