Denuncia contra el intendente de Bariloche por aumentos fiscales
NewsITe
El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de ser denunciado por la concejal opositora Julieta Wallace por presunto abuso en el ejercicio de sus funciones, a raíz de un incremento de tasas y otros tributos municipales dispuesto por resolución del Ejecutivo local.
De acuerdo con la presentación realizada ante el Tribunal de Contralor, Wallace recordó que el 18 de diciembre de 2025 el Concejo Municipal rechazó por mayoría el proyecto oficial que proponía la actualización de las ordenanzas fiscal y tarifaria. Pese a esa negativa legislativa, el jefe comunal firmó el 29 de diciembre la Resolución 3203-I-25, mediante la cual dispuso un aumento del denominado módulo fiscal, parámetro que se utiliza para calcular buena parte de las tasas que pagan vecinos y comercios.
Para la concejal, la medida del intendente “resulta ilegal, arbitraria y confiscatoria”, al carecer —según su interpretación— de sustento normativo y contradecir la decisión previa del Concejo. En su denuncia, advirtió que el cambio podría dejar al Estado municipal expuesto a “una lluvia de reclamos administrativos y judiciales” con impacto directo sobre las cuentas públicas de Bariloche.
Lo que reclama la oposición y el rol del Tribunal de Contralor
Wallace solicitó al presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, que le otorgue “carácter de urgente despacho” al expediente y que evite cualquier maniobra dilatoria. En concreto, pidió que se frene la liquidación actual y futura de las tasas de servicios municipales, la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) y otros tributos regulados en la ordenanza 2374-CM-12 que se vean alcanzados por el incremento del módulo fiscal dispuesto por el Ejecutivo.
La normativa vigente establece que el valor del módulo fiscal debía actualizarse recién el 30 de junio de 2025, en función de la evolución del Índice Municipal de Actualización Tributaria (IMAT), calculado a partir de la variación de insumos clave en el costo de los servicios municipales. Según la denuncia, esa actualización de mitad de año ya fue realizada por el Ejecutivo, pero aún no se publicó oficialmente, lo que agrega un elemento más de controversia institucional.
Un conflicto que se suma a la tensión por las tasas en todo el país
El caso de Bariloche se inscribe en una discusión más amplia sobre la presión de las tasas municipales en todo el país. En los últimos años, intendentes de distintas jurisdicciones recurrieron a aumentos de tributos locales como herramienta para compensar la pérdida de recursos y el desfasaje entre ingresos y gastos. Esa estrategia generó fuertes roces políticos y cuestionamientos de especialistas en materia tributaria.
Uno de los ejemplos recientes fue el del municipio bonaerense de Pilar, donde se aplicó una Tasa de Protección Ambiental del 2% sobre las ventas de grandes cadenas de supermercados, incremento que —según tributaristas— se traslada de manera casi directa al ticket de compra y encarece los precios finales que pagan los consumidores. Sectores empresariales y organizaciones de la sociedad civil advierten que este tipo de decisiones multiplica la carga fiscal sobre la actividad privada.
La discusión por la presión tributaria local
Un estudio realizado por la ONG Lógica, presidida por el abogado tributarista Matías Olivero Vila, sostiene que la Argentina se ubica entre los países con mayor cantidad y peso de tasas municipales del mundo, en muchos casos aplicadas sobre la facturación total de las empresas. De los 155 tributos relevados en el país, 85 son municipales, 45 nacionales y 25 provinciales, aunque apenas diez explican el 92% de la recaudación, de acuerdo con cálculos del Iaraf.
En ese esquema, la Tasa de Seguridad e Higiene aparece como uno de los principales instrumentos recaudatorios de las comunas, con un impacto que se acumula sobre otros impuestos como Ingresos Brutos, generando lo que los especialistas definen como “efecto cascada”. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), las firmas industriales afrontan en promedio 7,4 tasas municipales, y no es extraño que se produzca doble imposición con tributos provinciales sobre una misma base imponible.
“En los últimos tiempos, los municipios provinciales se han lanzado abiertamente a la búsqueda de recursos tributarios con los cuales solventar sus déficits presupuestarios, lo cual vulnera los límites de su poder tributario”, advirtió el jurista Juan Carlos Cassagne, académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
La tensión entre autonomía municipal y límites al poder de imposición atraviesa la discusión. Si bien las provincias habilitan la creación de tributos comunales, especialistas remarcan que muchas tasas terminan cobrando por servicios que no se prestan o se superponen con impuestos ya existentes. En ese contexto, la denuncia contra el intendente de Bariloche reaviva el debate sobre hasta dónde pueden llegar los intendentes al momento de fijar la carga fiscal que soportan vecinos y empresas.
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