La Justicia mantiene presos a los culpables del crimen de Lara
NewsITe
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de Lomas de Zamora rechazó los pedidos de excarcelación presentados por las defensas de los tres delincuentes condenados por el crimen de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada durante un intento de robo ocurrido el 1 de enero de 2022 en el sur del conurbano bonaerense.
La madre de la víctima, Laura Fernández, confirmó la resolución judicial en diálogo con la agencia NA y manifestó una mezcla de alivio y bronca al conocer que, por el momento, los responsables seguirán detenidos. “No puede ser que soliciten estos beneficios. Si bien la condena no está firme, ellos están presos por homicidio, no debería existir beneficio alguno para este tipo de delitos”, remarcó.
Los condenados son Alan Benjamín González Ávalos, Cristian Maidana y Nicolás Strassera. De acuerdo con la sentencia dictada el 25 de noviembre de 2024, Maidana recibió una pena de 20 años de prisión, González fue condenado a 24 años —también por el homicidio del jubilado Hugo Domato— y Strassera a 21 años de cárcel.
El tribunal los encontró culpables del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y la intervención de un menor de edad. Sin embargo, la querella considera que se trató de un homicidio criminis causa, es decir, cometido para asegurar el resultado del robo o la impunidad, por lo que reclama que se revise el fallo y se imponga la prisión perpetua.
Fundamentos del rechazo y situación procesal
En la resolución a la que accedió Noticias Argentinas, los jueces subrayaron que, ante la gravedad de las penas impuestas y la expectativa de una eventual condena mayor en instancias superiores, el peligro de fuga “aumenta considerablemente” y que la libertad de los imputados “opera en favor de la posibilidad de la frustración de la aplicación de la medida impuesta”.
Por ese motivo, el TOC N.º 5 dispuso dejar sin efecto la audiencia prevista para el próximo 5 de febrero de 2025 en el marco del programa de “revisión periódica de medidas de coerción”, una herramienta aprobada por la Suprema Corte bonaerense mediante la resolución 2298/23 que busca monitorear de manera regular las prisiones preventivas y medidas restrictivas de la libertad.
Además de la condena por el crimen de Lara, el fallo también atribuye a Strassera responsabilidad en otros hechos: fue hallado culpable de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa con participación de un menor y de robo agravado cometido en poblado y en banda, lo que reforzó la decisión del tribunal de mantenerlo detenido.
Un cuarto implicado y el reclamo de la familia
En la causa hay, además, un cuarto acusado conocido como “Martincito”, que cumplió 19 años en mayo último pero era menor de edad al momento del hecho —tenía 15 años—. Su situación procesal tramita por separado ante la Justicia de Responsabilidad Juvenil, que aplica un régimen especial a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Desde el crimen de Lara, su familia encabeza movilizaciones y pedidos de justicia en Lomas de Zamora y en distintos puntos del conurbano, reclamando condenas ejemplares y el endurecimiento de las respuestas estatales frente a delitos graves cometidos por adultos y menores. El rechazo a las excarcelaciones es leído por el entorno de la joven como un paso más en la búsqueda de reparación.
“Ellos están presos por homicidio, no debería existir beneficio alguno para este tipo de delitos”, dijo la madre de Lara, que insistió en su pedido de prisión perpetua para los acusados.
Mientras las defensas analizan posibles apelaciones y la querella insiste con su planteo de criminis causa, el caso de Lara Fernández vuelve a poner en debate el funcionamiento del sistema penal, la seguridad en el conurbano y el lugar de las víctimas y sus familias en los procesos judiciales.
