El Código Penal impulsa una reconfiguración profunda del sistema punitivo, con penas más altas, imprescriptibilidad para delitos graves y mayores límites a la liberación anticipada.
El Gobierno de Javier Milei trabaja en la redacción de un nuevo Código Penal con el objetivo declarado de “terminar con la impunidad” y revertir lo que describe como un esquema que ha permitido la continuidad delictiva de personas ya condenadas. El anteproyecto plantea un endurecimiento general de penas, la eliminación de la prescripción para delitos de especial gravedad y una fuerte restricción a los beneficios penitenciarios.
Una propuesta orientada a elevar penas y limitar reducciones
El documento propone aumentar mínimos y máximos de una amplia lista de delitos bajo la premisa de que las sanciones deben ser proporcionales al daño causado. El homicidio simple pasaría de un rango de 8 a 25 años a uno de 10 a 30 años. En cuanto al homicidio agravado, además de mantener la prisión perpetua, se incorporan supuestos adicionales cuando las víctimas sean funcionarios de alto rango, menores de 16, mayores de 65 o cuando el hecho se produzca en lugares de concurrencia masiva mediante armas o automotores.
El endurecimiento abarca lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y delitos vinculados con abuso sexual infantil. En este último caso, la pena máxima se extendería de 6 a 12 años, con agravantes que elevan el piso a 4 años. La posesión de material con fines de distribución tendría un rango de 4 a 12 años.
Nuevas figuras para modalidades delictivas específicas
El capítulo referido a robos incorpora descripciones específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple elevaría su escala a penas que van de 3 a 8 años cuando se ejerce fuerza sobre las cosas, y de 3 a 10 años cuando media violencia contra las personas.
Según el Gobierno, estas actualizaciones buscan adaptar el Código Penal a fenómenos delictivos contemporáneos y cerrar brechas que, a su criterio, favorecieron la reiteración de conductas delictivas.
Delitos graves que no prescriben
Uno de los cambios más profundos es la imprescriptibilidad de un conjunto amplio de delitos. El proyecto sostiene que el paso del tiempo no debe impedir la investigación y sanción de hechos graves. La medida alcanzaría homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico.
La eliminación de la prescripción pretende garantizar que, sin importar el tiempo transcurrido, los responsables puedan ser investigados y juzgados.
Prisión efectiva y mayor restricción de beneficios
El texto eleva los mínimos penales para que la mayor parte de los delitos implique cumplimiento efectivo de la condena. Según los cálculos oficiales, el 82% de las conductas tipificadas requerirá prisión de cumplimiento real. También se amplía la lista de delitos excluidos de la condena condicional, como los robos especialmente agravados y la portación ilegal de armas.
Las restricciones también alcanzan la liberación anticipada. Quedan fuera quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios. Los reincidentes también perderán acceso a esta posibilidad.
Ejecución inmediata de la pena y otras reformas
El proyecto establece que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar una resolución de la Corte Suprema. Asimismo, dispone que las penas de prisión perpetua no tengan límite temporal y que los funcionarios condenados por cualquier delito pierdan de manera automática jubilaciones de privilegio.
Otra modificación relevante es el fortalecimiento del marco de legítima defensa, junto con una mayor participación de las víctimas en decisiones relativas a beneficios penitenciarios. El Gobierno afirma que estos cambios buscan reforzar la centralidad de la víctima en el proceso penal y dotar de mayor rigor al sistema punitivo.
