El organismo antilavado ubicó a Cristina Fernández de Kirchner como la presunta jefa de una estructura dedicada a la recaudación ilegal entre 2008 y 2015, y detalló el funcionamiento del circuito que investiga la causa.
El Tribunal Oral Federal Número 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, celebró este jueves la séptima audiencia del juicio derivado de las anotaciones de Oscar Centeno. En esta instancia se avanzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera, que actúa como querellante en la causa.
La acusación y la imputación del rol de liderazgo
La UIF, actualmente conducida por Paul Starc, describió a Cristina Fernández de Kirchner como la “principal artífice” de una organización criminal destinada a la recaudación de fondos ilegales durante su gestión. Según la querella, la estructura funcionó entre 2008 y 2015 y se habría montado con la finalidad de generar un flujo sostenido de dinero ilícito para enriquecimiento personal y financiamiento de otras actividades delictivas, aprovechando la posición de poder de funcionarios del Poder Ejecutivo.
En línea con lo planteado por la fiscalía, la UIF atribuyó a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández la conducción de la organización. De acuerdo con la acusación, los retornos eran entregados en distintos domicilios vinculados a la actividad presidencial, entre ellos Uruguay 1306, Juncal 1411, la Residencia de Olivos y la Casa Rosada.
Declaraciones de colaboradores y respaldo probatorio
El organismo mencionó los dichos del ex titular del OCCOVI Claudio Uberti y del financista Ernesto Clarens, quienes afirmaron haber entregado dinero al fallecido secretario presidencial Daniel Muñoz en el departamento de Juncal y Uruguay, en Recoleta. Para la UIF, esas declaraciones refuerzan la hipótesis sobre la participación de la expresidenta, al señalar que impartía órdenes, definía tareas y decidía la continuidad o suspensión de las operaciones.
También se citó la declaración del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, quien sostuvo que el esquema se reactivó en 2012 y se mantuvo activo hasta el final del segundo mandato de Fernández de Kirchner. Clarens, a su vez, detalló aportes de empresas como ESUCO, Cartellone, Chediack y Roggio, presuntamente destinados a campañas políticas entre 2012 y 2015.
Un circuito presuntamente aceitado para garantizar retornos ilícitos
La UIF caracterizó el mecanismo como un sistema “permanente, dinámico y aceitado”, orientado a asegurar retornos de empresas contratistas del Estado. Según la imputación, el acceso a obras públicas, concesiones o subsidios implicaba la entrega de un porcentaje de los pagos estatales a funcionarios designados para recibirlos.
El requerimiento incluyó citas de resoluciones previas que mencionan bolsos con dinero transportados a domicilios de Recoleta, Olivos y la Casa Rosada, y enviados posteriormente a Río Gallegos. De acuerdo con la querella, esos elementos respaldan la hipótesis de que el destino final de los fondos eran los expresidentes.
La responsabilidad atribuida a la expresidenta
Sobre la responsabilidad individual, la UIF sostuvo que Cristina Fernández estaba al frente de la asociación ilícita. Según la acusación, tras la muerte de Néstor Kirchner se consolidó como responsable principal de una estructura que habría mantenido su funcionamiento a lo largo de los años con el propósito de enriquecerse y financiar otras actividades ilícitas.
