El Concejo Deliberante tratará una iniciativa de Juntos–UCR que busca proteger el área de posibles emprendimientos industriales. Una empresa que se declara propietaria del predio amenazó con acciones judiciales y denuncias penales contra los concejales.
El ingreso de una nota de la empresa que dice ser la propietaria del predio de Costa Pobre al Concejo Deliberante encendió la polémica en torno al proyecto impulsado por el bloque Juntos–UCR, que propone declarar la zona como Patrimonio Turístico, Ambiental, Ecológico, Histórico, Cultural y Paisajístico. El objetivo del proyecto es preservar el área de posibles emprendimientos industriales o portuarios, protegiendo su valor natural y comunitario.
La iniciativa fue presentada tras reiterados reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas, quienes denunciaron posibles negociaciones para la radicación de emprendimientos de alto impacto en el área. Sin embargo, la empresa que asegura ser propietaria de una de las parcelas afectadas, respondió con dureza: calificó el proyecto como “confuso” y “carente de fundamentos” y advirtió que, de aprobarse, iniciará acciones judiciales por considerar que la ordenanza avala la “usurpación ilegítima” de sus terrenos. Además, amenazó con denuncias penales contra los concejales que voten a favor.
Esta situación encendió la polémica entre los ediles. Mientras desde Juntos–UCR insisten en que el proyecto busca frenar “maniobras oscuras” del Ejecutivo y proteger un área con alto valor social y natural, el oficialismo —en voz de la concejala Marcela Isarra— puso en duda la legitimidad del planteo, cuestionó su fundamento legal y defendió el derecho de la empresa sobre las tierras en disputa.
“Lo que hicimos fue dar respuesta a un reclamo de los vecinos. No podemos mirar para otro lado mientras hay intereses que pretenden avanzar con proyectos logísticos o industriales en un área que forma parte de la historia de muchas familias de Ramallo”, explicó Costoya en declaraciones radiales. “Pero lo más grave es la amenaza de la empresa: una nota violenta, intimidatoria, que busca frenar el debate democrático. Y que, para mí, lleva la pluma de algún funcionario del Ejecutivo”, denunció, visiblemente molesto.
Costoya no ahorró críticas al rol del oficialismo: “Estuvieron semanas mintiendo, negando que hubiera una empresa interesada. Y ahora que se presenta este proyecto, saltan todos desesperados. Acá hay algo que no quieren que se sepa. Presentamos el proyecto porque el Ejecutivo seguía pateando la pelota. Si no lo hacíamos, todo seguía igual”.
Desde el oficialismo, Isarra no se quedó atrás. Si bien reconoció que el proyecto ingresó formalmente y deberá ser tratado, cuestionó su legalidad desde el inicio. “No se puede legislar sobre una propiedad privada. La parcela está usurpada, y eso hay que decirlo claramente. Hay una empresa que acredita titularidad, y eso debe respetarse”, señaló en tono firme.
En un intento por deslegitimar el planteo de Costoya, Isarra apuntó: “Este proyecto no tiene sustento técnico ni jurídico. Responde más a una presión de sectores que vienen de afuera, que a un interés real por Ramallo. En las reuniones vi gente de Pergamino y San Nicolás reclamando por Costa Pobre. ¿Dónde están los vecinos de Ramallo en todo esto?”
Costoya no tardó en replicar: “Me da vergüenza escuchar hablar de usurpación cuando hay familias que viven hace 40 años en ese lugar. ¿Qué quiere hacer? ¿Desalojarlos con topadoras para que entren los contenedores? Esa es la sensibilidad que tienen”.
El trasfondo del conflicto gira en torno al uso del suelo. El proyecto de Juntos–UCR busca incorporar la zona como Área de Protección Ambiental y Bosque Nativo, prohibiendo actividades de alto impacto. Desde el oficialismo, en cambio, insisten en que el Código de Ordenamiento Territorial, homologado por la Provincia, ya define esa franja como zona rural, y que cualquier modificación requiere aval provincial.
“Nosotros tenemos que trabajar sobre la base de la documentación que existe. No podemos legislar al margen del código ni para satisfacer reclamos que parecen más simbólicos que reales”, insistió Isarra, aunque terminó reconociendo que en esa zona podrían instalarse emprendimientos logísticos. “Lo importante es pensar en los vecinos que necesitan trabajo”, concluyó, dejando entrever su preferencia por una mirada más orientada al desarrollo económico.
Costoya, en cambio, advirtió: “Lo que quieren es dejar pasar el tiempo hasta que tengan mayoría automática en el Concejo. Después, van a habilitar todo lo que hoy niegan. Yo me voy en diciembre, pero quiero dejar esto claro: están jugando con el patrimonio natural de Ramallo”.
El proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión, pero el debate ya está instalado. Entre acusaciones de usurpación, amenazas judiciales, cuestionamientos al rol del Ejecutivo y reproches personales, Costa Pobre se convirtió en el epicentro de una batalla política.
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