El Gobierno argumentó un costo de $17 billones, falta de financiamiento genuino y fallas en el proceso legislativo. La oposición necesita dos tercios para insistir.
El presidente Javier Milei oficializó el veto total a tres leyes sancionadas por el Congreso: el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Lo hizo mediante el decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El Gobierno argumentó que las normas eran fiscalmente “inviables” y presentaban “graves nulidades” en su tratamiento legislativo. La oposición ahora necesitará mayoría especial en ambas cámaras para insistir con la sanción.
Según consta en los considerandos del decreto, el Ejecutivo rechazó los proyectos por tres razones centrales. En primer lugar, el costo fiscal acumulado superaría los $7 billones en 2025 y alcanzaría los $17 billones en 2026. En segundo lugar, las iniciativas no contemplaban fuentes de financiamiento genuinas. Por último, señalaron irregularidades en la sesión del 10 de julio del Senado.
Un gasto “exorbitante” que pone en jaque las metas fiscales
El Gobierno afirmó que las leyes hubieran generado un gasto extra de más de $7 billones en 2025. Para 2026, el desembolso se elevaría a casi $17 billones. Eso equivale, según el decreto, al 0,9% del PBI este año y al 1,68% el próximo. “Dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales”, señala el texto, que advierte que el equilibrio fiscal es “innegociable”.
Las autoridades también remarcaron que ninguna de las tres leyes respetaba el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esa norma exige que toda erogación tenga una fuente clara de financiamiento. En el caso del proyecto de jubilaciones, la fuente propuesta cubría menos del 4% del gasto estimado. Las otras dos leyes, según el Ejecutivo, ni siquiera contemplaban recursos específicos.
El Ejecutivo denunció fallas formales en el Senado
El decreto señala que la sesión del 10 de julio en el Senado careció de la citación previa correspondiente. También asegura que se aprobaron los proyectos con mayoría simple, cuando se requerían dos tercios. El Gobierno denunció una “ilegítima interpretación del Reglamento” y alertó sobre dictámenes sin los requisitos formales. Para el Ejecutivo, esas nulidades invalidan por completo la legitimidad del proceso legislativo.
En cuanto a los proyectos vetados, el primero establecía un aumento de emergencia del 7,2% para jubilados, un bono mensual de $110.000 y compensaciones para cajas no transferidas. El segundo reinstauraba por dos años la moratoria previsional, permitiendo jubilarse sin los 30 años de aportes. El tercero declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2026 e incorporaba nuevas pensiones y ayudas económicas para prestadores.
Con el veto presidencial, la discusión vuelve ahora al Congreso de la Nación. Para convertir en ley las iniciativas, la oposición deberá reunir dos tercios de los votos en Diputados y en el Senado. El futuro de los tres proyectos depende de una mayoría especial difícil de alcanzar, en un contexto de alta polarización legislativa.
