La Secretaría de Energía seleccionó las primeras tres obras que serán licitadas bajo un modelo de concesión a inversores privados.
El Gobierno activó el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico con tres obras clave, financiadas íntegramente por el sector privado. Lo hizo mediante la Resolución 311/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.
La normativa marca el inicio de este plan estratégico, al establecer cuáles serán los primeros proyectos que se licitarán bajo un modelo de concesión privada. El objetivo es modernizar el sistema eléctrico sin comprometer fondos estatales.
La Secretaría de Energía será la encargada de definir el cronograma y la secuencia de las licitaciones. Los llamados estarán abiertos a empresas nacionales e internacionales con capacidad técnica y financiera.
Tres obras estratégicas para el sistema eléctrico nacional
El plan contempla tres obras iniciales que impactarán directamente en el sistema de transporte eléctrico:
- AMBA I: reforzará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que concentra el 40 % del consumo eléctrico del país.
- Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins: permitirá evacuar más generación renovable y convencional en la región de Cuyo y parte del sistema COMAHUE.
- Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca: fortalecerá la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.
Estas obras forman parte de los 16 proyectos prioritarios definidos por la Resolución 715/2025, en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026, que detectó puntos críticos donde la demanda supera a la infraestructura disponible.
Participación privada y eficiencia energética
Desde el Gobierno afirmaron que “la planificación se basó en estudios técnicos liderados por la Secretaría de Energía junto a CAMMESA, ATEERA y el Consejo Federal de la Energía Eléctrica”.
Al justificar el avance, explicaron: “el estado actual del sistema eléctrico revela deficiencias estructurales que derivan en cuellos de botella, interrupciones del servicio y altos costos por generación forzada”.
Sobre el impacto de los proyectos, remarcaron: “la obra AMBA I, por ejemplo, reducirá la necesidad de generación ineficiente y mejorará la confiabilidad del sistema en uno de los principales centros de consumo del país”.
El Ejecutivo destacó que el nuevo esquema “se basa en un régimen de concesión de obra, donde la inversión, construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del sector privado, sin afectar el gasto público”.
Con esta iniciativa, el Gobierno impulsa “una transformación estructural con más eficiencia, menor gasto público y mayor participación privada en la modernización del sistema energético nacional”.
